SE TRATA DEL DINERO

SE TRATA DEL DINERO

LA SALIDA DE LA CÁRCEL DE JUAN ANTONIO ROCA TRAS 12 AÑOS PONE EN EVIDENCIA QUE RESULTA MÁS FÁCIL CASTIGAR A LOS CULPABLES DEL SAQUEO QUE RECUPERAR LO QUE SE LEVARON

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

Ya lo decía en aquellos tiempos Jesús Gil cuando se trataba de arengar a los secuaces que flaqueaban ante la posibilidad cierta de acabar tras las rejas: de la cárcel se sale; de pobre, no.

Ha querido el destino que en estos días, en los que el dramático suceso de Almería ha disparado la demagogia y los golpes bajos en el debate sobre cuáles deben ser los límites en las penas de prisión, que Juan Antonio Roca, el cerebro que dirigió el saqueo de la ciudad tras la muerte de Jesús Gil -y quizás también antes-, recuperara la libertad tras pasar 12 años en prisión. La primera década de ese largo periodo, con un pequeño intervalo de menos de una semana en 2008, la cumplió íntegramente en una reclusión que sólo se interrumpía para declarar ante los juzgados o para sentarse en el banquillo de los acusados.

Hay quienes han considerado que la larga trayectoria delictiva de Roca merecía un castigo aún mayor, sobre todo porque el daño causado por su manejo arbitrario y espúreo del urbanismo no se ha reparado y afectará a la ciudad durante muchos años y a sus vecinos durante varias generaciones. Aunque se pueda estar de acuerdo con ese razonamiento, no sería justo afirmar, después de 12 años de prisión, que le haya salido gratis. Hay delitos de sangre cuyos autores purgan encierros menores. Con dos exalcaldes aún en prisión y varios exconcejales que han pasado también algunos años de vida tras los barrotes tampoco se puede afirmar que en general haya habido impunidad por la corrupción generalizada que padeció la ciudad, aunque algunos de sus perpetradores y beneficiarios se hayan ido de rositas.

Un asunto diferente es que la ciudad haya conseguido la reparación material que no solamente merece por una cuestión de justicia, sino que además necesita para salir adelante.

Las sentencias que se han dictando en los últimos años en relación con los casos de corrupción en el Ayuntamiento entre 1991 y 2006 han convertido a Marbella a través de su ayuntamiento en acreedora por cantidades millonarias de muchos de los condenados en esos procedimientos. Roca es el más importante, pero hay muchos otros y la cantidad total, además de quitar el hipo, da cuenta de la dimensión del daño causado. La cifra gira en torno a los 300 millones de euros.

Esa cantidad por sí sola debería convertir al cobro de las cantidades fijadas por las sentencias en un objetivo que debería estar fijado en el Ayuntamiento como parte de su estrategia independientemente de los vaivenes y de las eventuales alternancias políticas, porque no se trata de una tarea fácil. Los saqueadores pusieron tanto entusiasmo en ocultar el botín como el que en su día dedicaron a hacerse con él, por lo que desentrañar la maraña de sociedades en la que se esconde todo ese inmenso patrimonio requiere de dedicación, trabajo y recursos.

Durante el anterior mandato de Ángeles Muñoz, cuando la asesoría jurídica del Ayuntamiento estaba dirigida por el abogado Enrique Sánchez, cargo de confianza nombrado por el gobierno municipal, se creó un equipo multidisciplinar que hizo un seguimiento exhaustivo de las sentencias y del patrimonio que se iba localizando a los condenados para intentar ir cobrando la deuda y recuperando dinero.

Con el cambio de gobierno en 2015, se consideró que la dirección jurídica del Ayuntamiento debía estar bajo la órbita del secretario municipal y esa figura desapareció. Ahora, que se ha nombrado a un adjunto a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, resta por saber si se recuperará esa estructura sin la cual el cobro de la deuda no es más que una expresión de buenos deseos.

A la dificultad para localizar bienes se une la circunstancia añadida de que el único procedimiento judicial en el que se consiguieron incautar propiedades e inmovilizar cuentas de cierto volumen es precisamente 'Malaya', cuya sentencia no fija indemnizaciones de importancia en favor del Ayuntamiento de Marbella.

En algunas ocasiones con más éxito y en otras con menos, la representación legal del Ayuntamiento aludió que aunque los bienes se han incautado en 'Malaya' había sentencias anteriores con responsabilidades civiles a favor del Ayuntamiento, como en el caso Saqueo I, y que antes de decomisar los bienes a favor del Estado o cobrar las multas, se debían pagar las responsabilidades civiles.

La ventaja para Marbella es que en el tribunal que juzgó el 'caso Malaya' cuenta como aliado con el presidente del mismo, José Godino, que mantiene ese mismo criterio y permite que a medida que se van subastando los bienes de Roca, el dinero vaya ingresando en cuentagotas al Ayuntamiento de Marbella.

En otras causas, como la del blanqueo que condenó a Isabel Pantoja, el criterio del tribunal fue el contrario. Allí, los bienes que se localizaron a Julián Muñoz se destinaron al Estado como pago de las multas a las que fue condenado el exalcalde, pese a que había sentencias anteriores contra el mismo condenado que beneficiaban al Ayuntamiento de Marbella.

Por cuestiones como esa es que resulta necesario construir un consenso ciudadano, que vaya incluso más allá de los acuerdos entre partidos, que incluya a entidades y colectivos ciudadanos y que sitúe el cobro de lo que se debe a la ciudad en un objetivo permanente, aunque haya que situarlo en el largo plazo, y que sobreviva a los vaivenes políticos. La batalla será larga y sólo se ganará con constancia.

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