El 1 de octubre ha sido un día muy triste. Un referéndum suspendido por la justicia no se debía haber celebrado. Por ello, lo lógico hubiera sido que las fuerzas de seguridad hubieran desarrollado una actuación preventiva en cumplimiento de las órdenes judiciales, impidiendo la apertura de los colegios electorales. A su vez, la ciudadanía de Cataluña podía manifestarse o expresar su disconformidad con estas actuaciones de forma pacífica en ejercicio de sus derechos. Sin embargo, la desobediencia pasiva de los mossos lo ha hecho todo mucho más complicado. Hemos visto demasiadas escenas de enfrentamientos y cargas policiales con cientos de heridos que dificultan la gestión del día después. En realidad, eso es lo importante: el día después.

Pese a la crispación generada, resulta urgente la apertura de un proceso de diálogo institucional en las Cortes Generales. Debería haberse producido en 2010, tras la sentencia sobre el Estatut. Sin embargo, en ese momento el Gobierno de España adoptó una actitud pasiva, pensando que el mero paso del tiempo rebajaría el independentismo. A su vez, el Gobierno de Cataluña optó por iniciar la vía unilateral hacia la independencia. Tras el 1-O, ambos han comprobado las consecuencias. El Gobierno estatal ha visto agravarse el conflicto pues la apelación a la legalidad es condición necesaria pero no suficiente. El Gobierno de Cataluña, por su parte, intentará utilizar políticamente las imágenes de represión pero sabe que ningún Estado va a legitimar una declaración unilateral de independencia.

En este contexto, el diálogo no puede esperar, pero ¿diálogo sobre qué? A mi juicio, sobre el modelo territorial y el encaje de Cataluña con dos límites: no resulta posible mantener el status quo y el referéndum de independencia no puede ser la primera opción, al menos sin intentar otras menos traumáticas.

En concreto, debe buscarse el acuerdo sobre una reforma de la Constitución en la que se garanticen las competencias autonómicas, se introduzcan instrumentos y foros que favorezcan la integración y se prevea un modelo de financiación autonómica con participación de los territorios en su concreción. En cualquier caso, esas reformas serán estériles si no sirven para abordar la crisis de Cataluña. En este sentido, debería plantearse una propuesta de reformas para Cataluña en tres ámbitos. En primer lugar, el reconocimiento constitucional de la singularidad, cuando haya razones objetivas que lo justifiquen. En segundo lugar, la incorporación a la Constitución de los contenidos desactivados en la sentencia sobre el Estatut. En tercer lugar, la remisión a los Estatutos de las cuestiones simbólicas vinculadas a la identidad, que no inciden en los restantes territorios.

De este proceso debería resultar una reforma constitucional y estatutaria en Cataluña, sometidas ambas a referéndum. Sólo ante el fracaso de estas reformas habría que plantear la traumática e irreversible cuestión del referéndum de independencia.

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