La transición y el nuevo contrato social

ÁNGEL SAZ-CARRANZA PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN GENERAL Y ESTRATEGIA DE ESADE. ANALISTA DE AGENDA PÚBLICA

La transición de una gobernanza basada en estructuras domésticas hacia una de ámbito global está siendo ardua. Los latigazos renacionalizadores son notables, a pesar de que es impensable que se pueda limitar el avance y la difusión de la tecnología que interconecta el globo. Si la actividad humana (económica, política y social) es inevitablemente mundial, una gobernanza global se hace indispensable. Mercado y Estado van de la mano -nadie mejor que la socialdemocracia entiende esta dualidad-. Un mercado sin Estado no es viable -este debe garantizar derechos de propiedad, evitar fraudes, resolver conflictos civilmente y regular externalidades-, pero además el papel redistributivo del Estado es central al contrato social que legitima al sistema. Como aprendimos brutalmente durante la primera mitad del siglo XX en Europa y EEUU, la redistribución no es solo un imperativo ideológico para algunos, sino el necesario estabilizador del sistema.

La globalización rompe en parte el contrato social que ha regido Occidente durante el último lustro, ya que la gobernanza doméstica del mercado se hace insuficiente. Necesitamos pues un nuevo contrato social (ver Javier Solana, 2016). Ese nuevo contrato debe ser coherente con el mercado global que pretende gobernar. Por ello, debe ser un contrato social multinivel, que regule el comercio global, provea servicios de bienestar y coordine la fiscalidad transfronteriza. A falta de una completa regulación multilateral global (la Organización Mundial del Comercio es muy valiosa en este sentido, pero insuficiente), necesitamos tratados de libre comercio. De lo contrario, no aprovechamos las ventajas del comercio global, permitimos a las grandes empresas transnacionales el arbitraje entre regulaciones domésticas y dejamos una parte importante de la globalización económica en un limbo legal sin regular. Por ello, el tratado de libre comercio entre la UE y Canada (CETA) es paradigmático y apunta a lo que podría ser un régimen comercial del siglo XXI. Es seguramente el tratado comercial con mayores salvaguardas laborales y medioambientales de la historia. Esto es importante en sí mismo, pero además pone el listón muy alto para futuros acuerdos comerciales.

Pero como nos dice Robert Baldwin (2011) -y Teresa May aprendió cuando la India se negó en noviembre de 2016 a contemplar con Reino Unido un tratado comercial que no abordase el movimiento de personas-, hoy la globalización comercial no trata solo de mover bienes a través de fronteras, sino que requiere de servicios transnacionales (sistemas de información, apoyo a la manufactura y servicios financieros) y de movimiento de personas (directivos, técnicos y especialistas móviles). Por lo que los tratados de nueva generación deberán ahondar en la regulación del capital, las personas y los servicios.

Toda coordinación regulatoria necesariamente reduce la soberanía doméstica -dificultando el unilateralismo- pero es necesaria para perfeccionar la gobernanza, reducir inconsistencias y en última instancia mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El CETA es explícito en este punto, y busca un equilibrio entre coordinación regulatoria y autonomía política: crea mecanismos voluntarios de cooperación regulatoria salvaguardando el legítimo derecho a regular (right to regulate) de ambas partes.

Los tratados comerciales también deben abordar otro espinoso tema de suma importancia: la necesidad de tener instancias independientes capaces de resolver conflictos entre las partes implicadas -ya sean actores privados o estados-. En cuanto a las salvaguardas medioambientales y laborales, el CETA crea mecanismos de resolución de conflictos entre los gobiernos de Canada y la UE para evitar abusos o competencia desleal. En relación a los inversores privados, mejora con creces a los sistemas de resolución de conflictos basados en arbitrajes (ISDS), vilipendiados en exceso pero sin duda necesitados de una importante mejora. El CETA propone la creación de un tribunal permanente de inversiones que corrige las carencias de los ISDS -a saber: no son recurribles, permiten conflictos de interés entre los árbitros/abogados, las resoluciones carecen de transparencia y permite a los inversores manipular su estructura accionarial para lanzar disputas-.

El CETA es un buen intento inicial de regular el mercado global pero, además, para lograr ese nuevo contrato social necesitamos trabajar en dos direcciones adicionales que el CETA no cubre pero que son fundamentales para la redistribución: mantener los servicios de bienestar básicos y cooperar en materia fiscal.

Para poder redistribuir y no dejar atrás a los rezagados del mercado global, la cooperación fiscal internacional es una pieza central. Y hay mucho campo por recorrer, incluso a nivel europeo. Hay países miembros de la zona euro con sistemas fiscales explícitamente diseñados a la baja con respecto a los demás socios europeos -por ejemplo, Luxemburgo, Holanda e Irlanda-. En este ámbito, el trabajo de la comisaria europea de competencia Margret Verstager está siendo importante. Pero hay que ir mucho más lejos. Las propuestas del economista francés Thomas Piketty al respecto son muy interesantes. A nivel global, los avances en el Foro Global de la OCDE sobre la transmisión automática de información fiscal entre países son claramente insuficientes.

A nivel doméstico, hay que reforzar la redistribución interna para apoyar a los perjudicados por el comercio, manteniendo servicios públicos -sanidad, educación, pensiones-y hacerlo de una manera progresiva. Los avances de la tecnología y la robotización parecen tener efectos muchísimo mayores sobre la desigualdad que el propio comercio. Además hay evidencia que apunta a que las bajadas de impuestos a las rentas altas (como la de Reagan en EEUU durante los 80) y la consiguiente reducción de servicios de bienestar contribuyen más a la desigualdad que el auge del comercio.

El CETA es una oportunidad de oro para empezar a renovar el contrato social en Occidente. ¿Hay, ahora mismo, algún país mejor que Canadá con quien empezar esta ingente tarea? Frente al trumpismo solo cabe ir a por un nuevo contrato social.

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