Tiempos de firmeza y prudencia

La mayoría parlamentaria que sostiene al Govern de Cataluña acaba de consumar en estos días lo que venía anunciando desde hace tiempo: la aprobación de la convocatoria del referéndum y de la ley de transición que, en su propósito, debería servir para convertir a Cataluña en el Estado independiente con el que sueñan. Y lo ha hecho de la peor manera posible para empezar cualquier proceso de cambio: rompiendo con el Estado de Derecho y con la democracia. Durante meses, de forma demagógica, invocaron la democracia -el supuesto derecho a decidir- para saltarse el orden constitucional; a la hora de la verdad, han roto también con las más elementales exigencias de un régimen democrático. No hay democracia sin el respeto de los procedimientos, en especial, de los procedimientos parlamentarios, y sin la salvaguarda de los derechos de las minorías. Sin ellos, solo hay dictadura de la mayoría; una mayoría ocasional y, además, exigua que pretende imponer su decisión a toda Cataluña y al pueblo español con una flagrante violación del orden constitucional e internacional.

Una actuación así no puede tener justificación de ningún tipo. La democracia -y la convivencia civilizada- se basa en el respeto de las reglas, que no se pueden romper, tampoco cuando no gustan o no se puede conseguir lo que se quiere. Se lo han recordado a las autoridades catalanas la Unión Europea y la Comisión de Venecia, entre otros, pero siempre han optado por ignorarlo creyendo -o queriendo creer- en el éxito de la política de hechos consumados. La ruptura con un orden constitucional previo podría intentar justificarse cuando existieran graves y reiteradas violaciones de derechos en una parte del territorio; pero todos saben que eso no ha ocurrido, ni de lejos, en Cataluña. Con todos los errores y defectos que se quiera, creo que es innegable que bajo la Constitución de 1978 Cataluña ha vivido el periodo de mayor autogobierno y prosperidad más largo de su historia.

Pero ha llegado el momento en el que, sin dejar de lado los argumentos, hay que pasar a la acción. El Estado -al que todos pertenecemos, también los catalanes, muchos de ellos rechazan lo ocurrido estos días- no puede consentir una infracción tan grave y palmaria del orden constitucional. Y el ordenamiento jurídico tiene los medios, todos los cuales -incluido el tan traído y llevado art. 155 de la Constitución- son los propios de cualquier Estado constitucional-democrático.

Pero es también el tiempo de la prudencia. Imprudente sería desde luego no actuar. Pero lo sería también minusvalorar la magnitud de la crisis o la complejidad de las situaciones que pueden presentarse. Quienes han lanzado el órdago al Estado saben que su única baza pasa por poder presentarse ante la comunidad internacional como víctimas de la represión de un Estado insensible y autoritario. Por ello, es necesario que los poderes implicados actúen coordinadamente, dando en cada momento los pasos necesarios y con respeto a la legalidad y plena unidad de los partidos. Y ojalá se consiga contar con el apoyo de tantos catalanes que ven con alarma la deriva en la que ha entrado el llamado proceso soberanista, también con el de aquellos que consideran que debería convocarse un referéndum e incluso con los que quieren la independencia pero no de cualquier forma y a cualquier precio. Estoy convencido de que son una clara mayoría.

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