Luz y taquígrafos

Carta del Director

Manuel Castillo
MANUEL CASTILLOMálaga

Hay veces que lo más difícil es desenredar la madeja de permisos, informes, protocolos y administraciones que rodea cualquier proyecto. Sea grande o pequeño. La burocracia se convierte así en un oscuro laberinto en el que las iniciativas privadas o públicas acaban perdidas y olvidadas, a la espera de un papel, un sello o un visto bueno que nunca llega. La culpa siempre es de otro, de la Junta de Andalucía, del Gobierno, del ayuntamiento de turno, del medio ambiente, de la Policía Local, del Seprona, de Bomberos, de AENA, del chorlitejo patinegro en peligro de extinción, del espacio aéreo restringido, de los vecinos, de los fenicios, del ruido, de la altura, del paisaje o de los trabajadores de Limasa. La pelota salta como una bola en una máquina de petacos hasta el hartazgo absoluto. Mientras, unos y otros, parapetados en organismos o partidos políticos se dedican a enredar aún más, generalmente a beneficio propio. El sistema ha sustituido el silencio administrativo por el aburrimiento administrativo. Hay multitud de ejemplos en Málaga. Algunos demenciales, como el caso del Balneario de los Baños del Carmen, en el que una administración pide obras de mejoras, otra sanciona por realizarlas y otra abre un expediente.

O el Starlite Festival, cuya continuidad en Marbella está en peligro por esa maraña administrativa y de intereses, algunos espurios, que prefieren acabar con el evento. Si de verdad existe interés por mantener Starlite en Marbella, la solución sería muy sencilla: máxima transparencia de las administraciones públicas, reglas claras en cuanto a horarios, aforos y ruidos y, especialmente, seguridad jurídica. Así los promotores sabrían a qué atenerse y no estarían a merced de sospechosas sorpresas de última hora. Todos tienen que cumplir las normas; los promotores, los primeros; pero también los organismos públicos.

Con la torre del puerto de Málaga ocurre algo similar, porque en vez de claridad las administraciones prefieren la opacidad para así diluir responsabilidades en sus decisiones, que nadie sepa realmente por qué pasan las cosas, quién autoriza o quién deniega y, lo más importante, por qué. Lo más probable es que en este proyecto, como en tantos otros, se acabe imponiendo ese aburrimiento administrativo letal y definitivo.

Málaga necesita abrir sus ventanas, que corra el aire en los despachos públicos. Es peligroso que cunda la idea de que para que salgan proyectos adelante, o para tumbarlos, haya que contar con tal o cual estudio de ingeniería, de arquitectura o de abogados. O que bajo la excusa de la participación ciudadana se utilicen instituciones, organismos o consejos, nacidos en esencia para aportar prestigio y conocimiento a la sociedad, como armas arrojadizas. Y eso sólo es posible con transparencia, porque lo esencial de la transparencia no es saber el saldo de la cuenta corriente de un político sino que todas las decisiones públicas cumplan escrupulosamente con la legalidad, faciliten la participación, defiendan los derechos individuales y se inspiren en el interés general. Y todo ello, con luz y taquígrafos.

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