La Tribuna

Sobre la futura plusvalía

Las transmisiones que tendrán una rebaja mayor serán las propiedades con 8 a 10 años de posesión que podrán caer en torno al 80 por ciento en el municipio de Málaga

JUAN MANUEL RUIZ GALDÓNPROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. ECONOMISTA

Hace casi 100 años nacía el Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en España, al que conocemos comúnmente como de 'Plusvalía municipal'. Durante 90 años ha sido un impuesto sin grandes controversias y de escasa conflictividad hasta que hace 10 años comenzara a tenerla. La crisis inmobiliaria del 2008 hacia caer los precios de los inmuebles y se comenzaban a producir transmisiones sin 'incremento de valor alguno' y de otro lado comenzaba un cuestionamiento social del Impuesto de Sucesiones autonómico que por su similitud con la Plusvalía mortis causa situaría a esta en el vórtice de la crítica. La crisis de la Plusvalía Municipal se producía pues por estos dos motivos, la caída de precios de inmuebles urbanos y el cuestionamiento de la tributación de las herencias.

Respecto a la caída de precios en el sector inmobiliario habría que advertir que desde 2016 se observa una leve subida en estos precios, pero aun sin situarse en cifras del 2007, y condicionado por un avance a diferentes velocidades según la provincia e incluso zonas dentro de una misma ciudad. En el caso de viviendas, los precios muestran tendencias más positivas en las áreas metropolitanas y de costa turística, siendo las Islas Baleares, Barcelona, Madrid, Málaga e Islas Canarias las provincias que encabezan el crecimiento de precios, con tasas medias de entre el 5,8% y 3,8%. Sin embargo hay otras provincias y ciudades en las que siguen cayendo los precios de las viviendas. Respecto a las transmisiones mortis causa, el combate político en las autonomías ha sido muy importante, trasladándose al ámbito municipal. Miles de ayuntamientos aplican bonificaciones de hasta el 95% dependiendo de circunstancias diversas e incluso existiendo incluso algunos que nos las aplican.

Respecto a las transmisiones sin incremento de valor, es cierto que desde 2008 los conflictos judiciales a los que se vienen enfrentando los Ayuntamientos son importantes en número y en importes, significando el peso que han tenido en esta conflictividad las grandes constructoras, promotoras e inmobiliarias. Por todo ello podemos decir que los tribunales de justicia han protagonizado la vida de la gestión tributaria municipal de este impuesto desde 2008, señalando en sus sentencias la necesidad de que el legislador, es decir nuestra Cortes Generales, deben modificar el impuesto. El 11 de mayo pasado es ya el Tribunal Constitucional quien se pronuncia sobre ello sin que hasta hoy, el Ministerio de Hacienda, quien puede proponer las modificaciones solicitadas por el Constitucional, nada haya hecho y por tanto la ley del impuesto es la que es, lo que hace que los funcionarios públicos locales deban cumplirla. Mientras el contribuyente y los funcionarios municipales esperan perplejos el desenlace, y por supuesto las haciendas municipales y su presupuesto de 2018, una situación kafkiana.

Lo que es indudable es que la reforma, tal como la conocemos, reducirá notablemente los recursos de la hacienda municipal y hará peligrar los servicios que prestan los ayuntamientos a la ciudadanía. En grandes números, este Impuesto se ha convertido en la segunda figura tributaria del país para los Ayuntamientos. En 2007 generaba unos 3,7 mil millones de euros en toda España, siendo el cuarto en importancia mientras que en 2015 pasa a ser el segundo con 5,4 mil millones de euros. De ahí que los alcaldes hayan demandado al Estado medidas de acompañamiento económico como ya anteriormente se establecieron cuando la reforma del Impuesto de Actividades Económicas en 2002.

Pero más allá de los efectos de la reforma, es inaudita la lentitud con la que el Ministerio de Hacienda está actuando en este tema, más aun cuando conocemos que la tiene cerrada desde hace meses, dando la espalda a la gravísima situación por la que están pasando los contribuyentes, los ayuntamientos españoles y las criticas judiciales al respecto.

Centrándonos en lo que podrá venir, es 'probable' que la reforma traiga tres noticias de interés. La primera es que quedarán fuera de tributación las transmisiones que demuestren la no existencia de incrementos de valor en los suelos urbanos trasmitidos. La segunda es que las 'mortis causa' puede que no sean reformadas como esperamos muchos. La tercera es que algunas transmisiones de inmuebles verán afectada su cuota final dependiendo de los años de tenencia del inmueble.

Respecto a esta última, de la que poco se ha escrito, hay que señalar que el posible cambio en la forma de calcular la cuota según los años de propiedad del suelo urbano transmitido, hará variar las cuotas del impuesto. De esta manera los inmuebles con menos tres años de propiedad en el momento de la transmisión verán cómo sus cuotas suban respecto a la actual legislación, las de tres años se mantendrán, y a partir de aquí caerán hasta llegar a posesiones de 20 años en las que serán iguales a las que se aplican ahora. Las transmisiones que tendrán una rebaja mayor serán las propiedades con 8 a 10 años de posesión que podrán caer en torno al 80% en el municipio de Málaga. Los efectos serán muy desiguales dependiendo del número de años de posesión.

Dejar sin recursos a los municipios es un riesgo que el Estado debe evitar en cumplimiento del artículo 142 de nuestra Constitución y del que ya tenemos experiencia como antes señalaba con la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas. Ortega y Gasset manifestaba que aquellas sociedades que hacen caso omiso de la experiencia, que son incapaces de tomar nota de sus desgracias y fracasos, para rectificar a tiempo, para así ser mejores cada vez, están plagiando a las bestias, que todo el tiempo comienzan de nuevo.

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