Ruido y deporte escolar en Málaga

No entendemos la apelación del Ayuntamiento a la necesidad de modificación de la norma autonómica en materia de ruidos, cuando su aplicación no ha presentado problemas más que en Málaga

Nadie puede poner en duda la importancia de fomentar la práctica deportiva en la franja de edad comprendida entre la infancia y la juventud, y que todas las administraciones tienen la responsabilidad de colaborar para proporcionar los recursos necesarios para que sea posible. Los centros escolares son conscientes de ello y tanto en horario lectivo como extraescolar realizan multitud de actividades relacionadas con la vida saludable, la actividad física y el deporte.

Además, la administración educativa ha facilitado desde hace bastantes años el uso de las instalaciones de los centros docentes a clubes deportivos malagueños, avalados incluso por el Ayuntamiento, con el objeto de ampliar los horarios en los que se puedan realizar estas actividades deportivas.

Esta cesión de uso de las instalaciones sirve, de hecho, para paliar la falta de equipamiento deportivo municipal en el caso concreto de la capital malagueña, y en especial, la carencia de pabellones polideportivos cubiertos, habituales en tantas otras localidades de nuestro entorno. Está claro que el Ayuntamiento de Málaga ha optado por otro tipo de equipamiento deportivo.

La celebración de estas actividades que se realizan fuera del horario escolar y extraescolar, que los centros educativos ni organizan ni gestionan, y que ni siquiera están reservados en exclusiva a su propio alumnado, son precisamente las que han dado lugar a denuncias vecinales por ruidos y han derivado en la imposición de sanciones por parte del Ayuntamiento, en aplicación de su ordenanza para la prevención y control de ruidos y vibraciones.

Hay que precisar, que tanto los centros docentes como los usuarios han articulado medidas efectivas que han logrado reducir significativamente el nivel de ruido, según han acreditado nuevas mediciones posteriores realizadas en horarios similares por una empresa externa, sin que haya sido tenido en cuenta por el Ayuntamiento, que mantiene las sanciones.

Por otra parte, hay que recordar que todas las actividades que se realizan en los centros educativos deben ser autorizadas por sus respectivos consejos escolares, en los que está presente un representante del Ayuntamiento, que podría haber formulado las objeciones o aportaciones pertinentes a cualquier iniciativa que se hubiera propuesto, lo cual no ha sucedido.

Esta situación evidencia una falta de coordinación de las diversas áreas municipales, que por una parte solicitan la ampliación de los horarios en los que se desarrollan estas actividades y por otra sancionan a los centros docentes en los que tienen lugar. En este sentido he mantenido personalmente reuniones tanto con concejales del Ayuntamiento como con el propio alcalde en las que se acordó buscar soluciones que hasta el momento no se han materializado.

Consideramos que el Ayuntamiento de Málaga debe, en el ámbito de sus competencias, modificar el articulado de su ordenanza para dar cobertura a las actividades deportivas y educativas a fin de garantizar el desarrollo de las mismas, del mismo modo que ya recoge la dispensa acústica para «actos en la vía pública con proyección de carácter oficial, cultural, religioso o de naturaleza análoga».

Del mismo modo, no podemos entender la apelación del Ayuntamiento a la necesidad de modificación de la norma autonómica en materia de ruidos, cuando su aplicación no ha presentado problemas más que en el caso de la ciudad de Málaga. En este sentido, resulta legítimo sospechar que el Ayuntamiento de Málaga pretende usar a los jóvenes malagueños para obtener una modificación de la normativa autonómica contra el ruido cuya aplicación no genera problemas en ningún otro municipio de Andalucía.

En este aspecto parece que el Ayuntamiento de Málaga presenta una sensibilidad selectiva con estas denuncias por ruidos respecto a las que afectan a amplias áreas de la ciudad como el centro histórico o El Romeral.

Tampoco creemos que la solución pase por generalizar los patios escolares cubiertos, puesto que cualquier actuación que se realice en un recinto escolar debe atender a criterios de racionalidad, pedagógica y educativa, atendiendo en primer lugar a la finalidad primordial de sus instalaciones, que no puede ser otra que la educativa y el bienestar de los escolares: convertir un patio de recreo en un búnker insonorizado no entra en los límites de esta racionalidad puesto que los centros educativos no están concebidos para la celebración de competiciones deportivas, ni tienen por qué estarlo. En todo caso, las actuaciones que se acometan en un recinto escolar deben contar con el consenso y máximo acuerdo de la comunidad educativa.

Pese a todo, y dada la entrada en vigor de la nueva normativa de la Consejería de Educación que regula el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, la Delegación Territorial de Educación envió al Ayuntamiento el pasado mes de julio un borrador de convenio para regular esta materia, y hasta el momento no ha tenido respuesta.

Por todo ello resultan decepcionantes las declaraciones del alcalde de Málaga en el sentido de que las actividades deportivas «no son su competencia», cuando así está contemplado en la normativa vigente, o que «no dispone de presupuesto» para ejecutar una actuación concreta cuando se había comprometido públicamente a ello.

Tanto la administración educativa autonómica a la que represento, como las direcciones de los centros educativos afectados han dado sobradas muestras de buscar un acuerdo que beneficie la práctica de los deportes de equipo en la infancia y la juventud malagueña, pero es un hecho que ha llegado septiembre y el Ayuntamiento de Málaga no ha hecho los deberes en esta materia.

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