RETORNEMOS A LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL

La Generalitat se ha puesto frente al Estado democrático de todos los españoles promoviendo intencionadamente una grave crisis, en la que le alcanza una responsabilidad ineludible

Me he acordado de Cervantes al ver imágenes del día de hoy en Barcelona. «No conocemos el bien hasta que lo hemos perdido». Lo que ha sucedido hoy en esta jornada lamentable,¿nos vacunará respecto de lo que puede pasar a partir de ahora: entrar en una espiral de desórdenes, inseguridad y represión; o nos llevará a recuperar la normalidad, restaurar la legalidad y volver al Estado de derecho, de donde nunca se debió partir? Desearía que fuera esto lo que suceda, pero obviamente no estoy seguro. Nos hemos asomado al desastre y lo que procedería es recapacitar y regresar a nuestro punto de partida. Somos un Estado descentralizado, que reconoce a sus integrantes suficientes facultades para tomar importantes decisiones en su vida política, cultural, económica, etc. Nunca España había llegado a un grado de equilibrio tan satisfactorio, desde estándares internacionales, conjugando las exigencias de la unidad, propia de un Estado eficiente a la altura de los tiempos, y las demandas de la pluralidad, atribuyendo el autogobierno a sus pueblos integrantes. Somos, asimismo, un Estado de derecho, esto es, una democracia constitucional, con efectiva separación de poderes y donde, como no puede ser de otro modo, los tribunales de justicia aseguran nuestros derechos, entre ellos las libertades públicas que permiten la participación y el desarrollo de nuestra vida sin trabas ni permisos del poder.

Es cierto que quizás ni nuestro sistema autonómico ni el propio funcionamiento del Estado de derecho se encuentren en una situación perfectamente satisfactoria, pero hay mecanismos en la propia Constitución que prevén la reforma de la Norma Fundamental, a introducir por los cauces que en ella se contienen. Deberemos, sin duda, en un momento de mayor serenidad explorar las posibilidades al respecto.

Lo que no cabe es desmontar por las bravas nuestro sistema territorial o actuar sin respetar la arquitectura esencial del Estado de derecho, recurriendo a nociones vagas, subjetivas y equívocas sobre la justicia y la democracia, como si estos principios no estuvieran incorporados suficientemente en nuestro ordenamiento. Lo que se ha producido, convocando y celebrando un referéndum ilegal, plagado de irregularidades y deficiencias, en cuanto a lo exigible en el derecho comparado, es una actuación absolutamente desleal de un poder del Estado, oponiéndose al orden constitucional que le da cobertura y respaldo jurídico y político. La Generalitat no es un antipoder ni una estructura contraestatatal, sino el Estado en Cataluña, sometido como toda autoridad a la Constitución y las leyes. No se ha puesto la Generalitat, desobedeciendo al Tribunal Constitucional, frente al Gobierno -cuya actuación obviamente puede ser objeto de justificadas críticas, espero que no la de abuso de poder o uso desproporcionado de la fuerza- sino frente al Estado democrático de todos los españoles, promoviendo intencionadamente una grave crisis, en la que le alcanza una responsabilidad ineludible.

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