La respuesta constitucional

LORENZO SILVA

Quienes se echan al monte pueden hacerlo de cualquier manera. Es su privilegio y también suele ser el argumento principal para su descrédito. Y es que a la euforia que arrebata a quienes lo ponen todo patas arriba no es inusual que le suceda la dura resaca de la rendición de cuentas; ese día después en el que ya no perdura la embriaguez revolucionaria, y llevan la voz cantante tipos adustos que se limitan a tasar desperfectos para pasarles la factura a los alborotados y los montaraces.

Pueden por consiguiente los adalides del independentismo ultramontano que ha urdido y convocado el 1-O, así como sus partidarios y sus aplaudidores, entregarse a la insensatez y a la incoherencia en todas sus formas; desde esos burdos engendros legales con los que pretenden dar cobertura a su revuelta, hasta la doble vara de medir y la desfachatez que hace falta tener para despreciar a los tribunales españoles y luego acudir a ellos a fin de que desautoricen las medidas que adopta el Gobierno.

Sin embargo, la respuesta constitucional frente al desafío de quienes rompen las reglas no puede participar de su misma brocha gorda. Quien defiende la ley no tiene el recurso de hacer lo que le plazca, ni puede exponerse (porque sería exponer a la mismísima ley) al ridículo y la devaluación que eso representa para quien tiene la misión de defender el interés general. No sólo debe ser escrupuloso y exigente consigo mismo en el ejercicio de las facultades que el ordenamiento le atribuye para contrarrestar la acción de los infractores, sino que debe cerciorarse de que en cada momento su respuesta es proporcionada, fundamentada y tan inteligente y sutil como no necesitan serlo quienes juegan alegremente a romper la baraja y hacer saltar la banca.

Y hay algo más que esa respuesta constitucional requiere, algo que en la coyuntura en que nos encontramos se echa de menos que no se pusiera antes sobre la mesa, pero que nunca es tarde para proponer y articular. Ante la existencia fehaciente de un problema de convivencia, de un deterioro institucional y de la puesta en cuestión del sistema normativo en que reposa todo, la aplicación de las leyes y de sus mecanismos correctores es una condición necesaria, e insoslayable, pero no suficiente. No puede serlo para quienes aspiren a algo más que parar el golpe o salir del paso; o lo que es lo mismo, para quienes sean conscientes de que la respuesta constitucional tiene la necesidad de ser no sólo legal y justa, sino también funcional, eficaz y perdurable. No basta con neutralizar a quienes decidieron derribar por su cuenta la casa de todos; hay que empezar a ingeniar, desde hoy mismo, la forma de volver a cimentarla, de modo que no puedan volver a arrastrar a tantos a la aventura de destruirla.

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