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Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

La reacción más habitual ante los tiempos de cualquier trámite administrativo consiste en echarse a temblar, cuando no a llorar. No descubro nada nuevo, pero un problema no deja de serlo por antiguo, como ocurre con los delitos que prescriben: no pueden ser juzgados pero fueron cometidos. La parsimonia pública se ha enquistado hasta el punto de hacernos asumir que un plan urbanístico general requiere una media de diez años de tramitación o que un procedimiento judicial puede prolongarse durante un lustro en el mejor de los casos, como si el mundo permaneciera inmóvil y nuestras necesidades, individuales o colectivas, también las de nuestras ciudades o pueblos, se congelaran a la espera de que la burocracia completase su exasperante cadena de diligencias. Una simple licencia de obra menor, no digamos ya de apertura, puede retrasarse durante meses, y sería reconfortante si detrás de esos plazos al menos subyaciese la intención inquebrantable de cumplir y hacer cumplir la ley, de garantizar la transparencia y escrupulosidad que debería rodear a cualquier procedimiento público, pero lo cierto es que la dilación administrativa obedece sobre todo a una alarmante falta de recursos.

Resultaría sencillo tirar del cliché del doble desayuno y la pachorra de los funcionarios; lo complicado es asomarse al interior de cualquier ayuntamiento o juzgado y comprobar que están desbordados. La implantación de la cacareada administración electrónica aún supone en muchos casos un espejismo en pleno desierto, algo que parece cada vez más cercano pero nunca termina de llegar. En los últimos años se han aprobado varias medidas para acortar estos plazos, que desesperan al más paciente, pero el sistema continúa atascado por solicitudes absurdas, duplicidades y una tardanza tras la que languidecen proyectos interesantes, incluso necesarios, y que convierte a emprendedores e inversores en héroes.

Pienso, por ejemplo, en la decadencia de Tívoli, el parque de atracciones más simbólico de la provincia, donde desde hace años nadie invierte porque ni siquiera está claro a quién pertenece, un asunto que lleva años dirimiéndose en los juzgados. O en la antigua imprenta Sur, la misma de la que salieron poemas de autores como Lorca o Cernuda y que podría seguir funcionando si no fuera porque la Diputación está dejando morir aquel legado bajo una montaña de trámites que nunca acaban. O en el bloqueo urbanístico que sufren o han sufrido ciudades como Marbella o Torremolinos. Esas torres de formularios e impresos siempre acaban pasándonos factura.

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