La ley de rabassaires

JOAQUÍN L. RAMÍREZ

El tradicional contrato catalán de la 'Rabasa o Cep morta' (un contrato agrícola de aparcería por el que se producía la disolución automática si moría un tercio de las cepas plantadas) estuvo en el origen de la proclamación del Estado Catalán a las ocho de la tarde del 6 de octubre de 1934. La ley de rabassaires, anulada por el Tribunal de Garantías Constitucionales, pudo ser la causa, o la cerilla. Fue el presidente de la Generalidad Lluis Companys quien, desde el balcón principal, dijo: «... Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalidad... asume todas las facultades del Poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán... en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica».

De todos es sabido que aquella proclamación trajo la declaración del estado de guerra por parte de Lerroux en nombre de la República española. Una compañía de artillería, barricadas, más de 46 muertos y la detención de unas tres mil personas, produjeron la rendición de Companys a las siete de la mañana del 7 de octubre. El General Batet fue galardonado con la Cruz laureada de San Fernando por el sofocamiento de la insurrección.

Ha pasado el tiempo y, aunque algunos hechos se parecen, nada es igual. Las leyes aprobadas en el Parlamento Catalán que se saltan procedimientos y normas y se muestran claramente inconstitucionales han sido paralizadas por el Tribunal Constitucional, tras la impugnación gubernamental. La convocatoria de referéndum está anulada y el Fiscal General del Estado ha dado instrucciones a los Mozos de Escuadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, para que incauten urnas y papeletas.

La máxima cautela, la mesura y la proporcionalidad de la respuesta a cada hecho ilegal por parte del Ejecutivo de Rajoy puede no ser entendida por algunos impacientes o partidarios de medidas más expeditivas, pero un gobernante democrático, serio y responsable, ha de ser igualmente prudente. «No habrá referéndum -lo ha anunciado enésimas veces- y toda la fuerza del Estado y la democracia estarán al servicio del cumplimiento de la ley. Sé lo que se espera de mí y sé cuáles son mis obligaciones... Esto no va a suceder y haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo».

La dirigente de la CUP, Anna Gabriel, ha explicado que «el que aguante un minuto más ganará»... A la vista de los hechos y sus protagonistas, no debe dudarlo: perderá. Perderá la secesión, sus métodos y sus responsables. La maquinaria legal y democrática del estado es lenta y pesada, pero es formidable, previsible, garantista e imparable. Esta crisis tremenda, largamente anunciada y empezada a producir con inmenso atrevimiento y desprecio de la Constitución, al Estatuto de Cataluña y a los propios procedimientos del Parlamento catalán, ha encontrado la horma de su zapato. De hecho, a la vista de los acontecimientos y la voluntad decidida del presidente del Gobierno, quizá con demasiada premura, ya se empieza a hablar del día dos de octubre. Es cierto que los independentistas no desaparecerán por ensalmo, aún frustrados sus planes.

El escenario, con la expresada unidad o bloque constitucional de PSOE, Ciudadanos, Partido Popular y el Gobierno de España, ofrece un horizonte imposible para el pretendido asalto constitucional independentista. Puigdemont, Junqueras, Forcadell y el resto de enfáticos actuantes, empiezan a perder la serenidad y el aliento. A la desesperada, incumpliendo ya también las propias leyes catalanas, desoyendo al Consejo de Garantías Estatutarias, al secretario General del Parlamento y al Letrado Mayor, a las autoridades españolas y europeas, anunciando su desobediencia al Tribunal Constitucional, al Fiscal General y a los jueces... No hay camino posible.

El 'prusés' no sólo se desdibuja, se anecdotiza con imprevisiones y pequeñas mentiras, se empequeñece por momentos. Preguntado el famoso diputado Rufián por cómo tenían pensado expulsar al Ejército español o por la fórmula para ejercer la soberanía sobre un presunto espacio aéreo catalán, contestaba con dos sonoros: no sé, no tengo ni idea. Y no hablaremos aquí de las aseveraciones de que los clubes de fútbol con sede en Cataluña -el Barça, el Español, etc.- «podrán elegir dónde jugar»... La no permanencia en la UE, los problemas de seguridad, el masivo abandono de las empresas nacionales y extranjeras, el desempleo y la consiguiente emigración de catalanes a otros territorios de España. Es mejor no seguir con lo que pasaría con algo que nunca ocurrirá.

Queda la Diada. Después no habrá nada. No hay opción ni alternativa entre el derecho y la política. El diálogo, la política y la democracia son y siguen y siempre bajo el imperio de la ley, que es la auténtica garantía, la única. Hicieron un plan, lo pensaron mucho, casi todo. Pero faltaron reflexión y conocimientos y sobraron optimismo y soberbia.

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