¿Por qué Puigdemont?

ANTONIO PAPELL

El Tribunal Constitucional, conminado por el Gobierno para que entorpeciera la pretendida investidura de Puigdemont que iba a tramitarse por medios telemáticos o por delegación, ha querido respetar su inveterada doctrina de no adoptar disposiciones preventivas pero ha salido en socorro de la democracia en Cataluña imponiendo una medida cautelar «consistente en la suspensión de cualquier sesión de investidura que no sea presencial. Además, se deben cumplir las siguientes condiciones: a) No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a presidente de la Generalitat a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario. b) No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión. c) Los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios». En realidad, el TC no hace más que imponer el criterio de legalidad al proceso catalán, que está afectado -y nadie debería olvidarlo- por un proceso judicial en curso abierto en el Tribunal Supremo para depurar las responsabilidades derivadas de un intento de golpe de estado con el que se pretendía provocar la secesión violenta e ilegal de una parte del territorio español. Puigdemont, como otros detenidos, prófugos e inculpados en el procedimiento, tiene sus derechos políticos intactos porque no hay sentencia alguna que los limite. Puede ser, pues, presidente de la Generalitat si logra la autorización judicial a que alude el auto del Constitucional. Pero existe una orden de detención contra él, que, de ejecutarse, daría lugar probablemente a su encarcelamiento preventivo, ya que se ha hurtado voluntariamente a la acción de la justicia. En otras palabras: Puigdemont puede convertirse en presidente de la Generalitat, pero habrá de desempeñarse en prisión. Y su mandato cesará el día en que recaiga sobre él una sentencia inhabilitante de los tribunales. La cuestión ya no es, pues, si Puigdemont, que encabezó la lista nacionalista más votada, puede o no ser presidente de la Generalitat, sino si le conviene a Cataluña semejante perturbación. Y que nadie diga que está en juego la dignidad de Cataluña en el envite porque no hace tanto tiempo, cuando Artur Mas había encabezado al lista única del nacionalismo democrático, fue sustituido por un tal Puigdemont, un perfecto desconocido en aquel momento, porque el otro personaje, que ya ejercía la presidencia de la Generalitat, no le caía bien a la CUP, cuyos votos eran necesarios para la investidura (como ahora, por cierto).

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