¿Policía represiva?

«La mentira repetida mil veces se convierte en una realidad» (Joseph Goebbels)

PEDRO MORENO BRENES

Hasta el pasado domingo la tensión en las calles de Cataluña se había mantenido soterrada salvo incidentes aislados. Pero el 1-O la crispación estalló y asistimos a un desafío al Estado de Derecho que pasó de la retórica a los hechos. Policías y algunos ciudadanos enfrentados, acusaciones gruesas de represión desmedida, ¿a quién le asiste la razón? Las fuerzas de seguridad «tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana» (artículo 104.1 de la CE); por su parte la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 5.2.c) establece que «en el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance». En un auto el TSJC ordena a los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil que, de forma conjunta, impidan que se abran los locales del 1-O y requisen el material electoral que encuentren en los mismos. Sobra recordar, por notorios, los antecedentes relativos a la prohibición por el TC del referéndum de autodeterminación. Millares de personas son llamadas a desafiar a la ley y a los jueces, acuden, las fuerzas de seguridad intentan hacer cumplir las órdenes que reciben y los afectados no atienden los requerimientos y quieren impedir que cumplan la citada orden. ¿Qué deben hacer las fuerzas de seguridad? Conforme a la citada ley deben actuar sin demora «cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable». Estas apreciaciones se deben realizar in situ, y de hecho en algunos «centros electorales» no hubo incautación de material electoral debido, quizás, a que el mando de la fuerza pública valoró las circunstancias concretas y que los daños a personas y bienes podrían ser superiores al mero hecho de la culminación de una ilegalidad. En cualquier caso, la actuación policial debe estar presidida por la «proporcionalidad»; no cabe una intervención similar ante una reacción violenta que ante concentrados pacíficos y nunca puede generar un daño superior al bien que pretenden tutelar. Que la policía decida no intervenir no quiere decir que reuniones prohibidas no generen responsabilidad y sanciones conforme a la legislación vigente reguladora del derecho de reunión y de la seguridad ciudadana.

Por tanto, las fuerzas de seguridad actuaron el 1-O de manera diversa, con intervenciones o sin ellas, conforme a las circunstancias de cada caso, y en ambos supuestos conforme a la legalidad siempre que se respetaran los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad y no se incurra en delitos. La documentación gráfica, atestados, informes, denuncias y actuaciones judiciales determinarán si en algún caso hay que depurar responsabilidades disciplinarias o penales, pero tengo claro que descalificar de manera indiscriminada la actuación policial como «represión fascista» y otros disparates, es simple y llanamente mentira, la que «repetida mil veces se convierte en una realidad» (Joseph Goebbels)

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