La Tribuna

Un plan que necesita de todos

La necesaria mejora del confort de nuestros centros docentes no puede ni debe estar reñida con los criterios de sostenibilidad energética y respeto medioambiental

PATRICIA ALBA LUQUEDELEGADA TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE MÁLAGA

La Consejería de Educación lleva a cabo continuas actuaciones de mejora de las infraestructuras escolares tanto para dar respuesta a las nuevas necesidades de escolarización como para satisfacer los nuevos requisitos del sistema educativo y las nuevas demandas sociales, unas actuaciones que no se han interrumpido ni en los momentos más duros de la crisis económica que estamos dejando atrás.

Prueba de ello son, por ejemplo, las intervenciones llevadas a cabo para eliminar las barreras arquitectónicas y la adaptación de los centros docentes a las necesidades y características de las personas con discapacidad: solo en la provincia de Málaga decenas de nuevos centros educativos construidos en los últimos años y las ampliaciones significativas realizadas se encuentran ya adaptados a estas necesidades y en los de construcción menos reciente constantemente se acometen nuevas acciones cuando surge alguna necesidad concreta.

Igualmente, la Junta de Andalucía es el único organismo en España que ha abordado de una forma planificada la retirada de los elementos que contienen fibrocemento, en este caso de los edificios públicos destinados a uso educativo.

Este plan, aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado 5 de julio, está articulado en varias fases y consta de un presupuesto de 60 millones de euros. Sus primeras actuaciones ya se están ejecutando por empresas especializadas y se realizan durante los periodos vacacionales para minimizar los riesgos que pudieran entrañar estas operaciones para la comunidad educativa.

Aunque la mera presencia de esta sustancia, ampliamente utilizada tanto en edificios públicos como privados durante años, no reviste peligro en sí misma, la Junta de Andalucía ha abordado de una forma decidida un problema que había generado una cierta alarma social.

Si bien es cierto que en Andalucía el calor no se puede considerar una novedad, últimamente se observa que las olas de calor o por lo menos las temperaturas inusualmente altas se producen en una época más adelantada en el calendario, incluso en ocasiones en el periodo lectivo.

Estas nuevas circunstancias, que no se producen solo en nuestra comunidad y a las que puede que no sean ajenas el calentamiento global y el cambio climático, requieren nuevas actuaciones que redunden en la mejora del confort térmico de los centros docentes para garantizar el bienestar de profesorado, alumnado y todo el personal que presta servicio en los mismos.

En este sentido, ya desde 2015 se incluyen unas instrucciones específicas en los pliegos de las prescripciones técnicas de las licitaciones de las nuevas construcciones. También se elabora una guía de recomendaciones para acometer la rehabilitación energética de edificios educativos, adaptada a las características climáticas de Andalucía y a su extensión territorial.

Por otra parte, la Consejería de Educación es sensible a este fenómeno y con carácter inmediato está actuando este verano mediante un plan de choque en más de medio centenar de centros docentes andaluces. Hay que señalar que esta ágil y rápida respuesta no se ha dado en otras comunidades autónomas también afectadas por las olas de calor.

Por otra parte, y dado que las condiciones climatológicas no son las mismas en toda Andalucía ni el tipo de construcción es idéntico en todos los centros educativos, la aplicación del Programa de Climatización Sostenible y de Rehabilitación Energética que va a abordar la consejería, y que tendrá carácter plurianual, requerirá un estudio técnico pormenorizado localidad por localidad y centro por centro, e incluso de las dependencias dentro de ellos, puesto que las necesidades son distintas en cada caso y por tanto las soluciones que se adopten deben serlo también.

No debemos olvidar la enorme envergadura del sistema educativo público andaluz, que está compuesto por 4.556 centros docentes albergados en unos 6.000 inmuebles.

Estos estudios técnicos deben tener también en cuenta las edades de los usuarios, las características de los espacios y los usos a los que están destinados los recintos.

Para la puesta en marcha de este programa es imprescindible la colaboración y coordinación con las entidades locales, que son los titulares de los colegios y de los centros de Educación Especial, y de las asociaciones de madres y padres del alumnado.

Por tanto, el Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética se tiene que diseñar junto con otras administraciones y entidades locales, y con la participación de las asociaciones de padres y madres del alumnado. Este proyecto, para el que se estudian líneas de subvención con la Agencia Andaluza de la Energía y financiación con fondos europeos, evaluará la situación actual en cuanto a centros climatizados, certificación energética, mapa de colegios e institutos con necesidades urgentes, propuestas de actuación y planificación con priorización de medidas.

De hecho, ya algunos ayuntamientos se han esforzado por acercar su gestión en el ámbito educativo a la ciudadanía, y se han implicado en la propuesta de soluciones a los problemas de climatización de los centros, al igual que muchas AMPAS.

En todo caso, la necesaria mejora del confort de nuestros centros docentes no puede ni debe estar reñida con los criterios de sostenibilidad energética y respeto medioambiental, valores que por otra parte constituyen uno de los ejes de nuestra labor educativa.

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