Pasos decididos

Pasos decididos

El nuevo gobierno municipal echa a andar con significativos golpes de efecto y con la oposición recluida en cuarteles de invierno

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

LA tradición ordena en una de esas normas no escritas, que suelen ser las que más se respetan, que los nuevos gobiernos cuentan con cien días de gracia. Alguien podía suponer que la regla no rige en situaciones especiales y que después de haber sido desplazados por una moción de censura inesperada, los ahora grupos de la oposición se la iban a saltar para arremeter contra el nuevo equipo de gobierno a las primeras de cambio. Sin embargo, desde el relevo en el sillón de la Alcaldía los grupos de la oposición han mantenido un llamativo silencio. Es difícil todavía concluir cuáles son los motivos de esta desaparición del escenario público, que seguramente será momentánea y que no afecta a las redes sociales, donde los afines a los grupos desplazados no han parado de lanzar ataques a los nuevos gobernantes y acusaciones de esas que no resisten el paso del subsuelo de las redes a la superficie de los pronunciamientos formales. Se desconoce si el silencio mantenido desde el pleno de la moción de censura se debe a que aún hay poco que decir porque el nuevo gobierno no ha alcanzado todavía su velocidad de crucero, si es porque efectivamente Ángeles Muñoz y su equipo disfrutarán de sus cien días de gracia o si obedece a que como el golpe ha sido tan duro e inesperado, los concejales desplazados del poder también necesitan tiempo para asimilar las nuevas circunstancias y organizar sus vidas personales y profesionales según la situación sobrevenida. De momento los concejales no abren la boca y le dejan la labor de oposición a los memes de Tuiter y Facebook.

Éste ya no es el país que hace poco más de un lustro convirtió la indignación con la crisis y con el funcionamiento de las élites políticas en un estado de cabreo general que alumbró en primer lugar una ruptura generacional conocida como 11-M y posteriormente la aparición de nuevas fuerzas que llegaban para plantear una enmienda a la totalidad del sistema. Sólo de esa manera se entiende que el aumento en las remuneraciones de los concejales -que supone en suma dedicar más recursos públicos a los ediles del gobierno y también de la oposición, con aumentos para los primeros de hasta 10.000 euros al año- no haya pasado a ocupar, a fuerza de protestas, un lugar destacado en la agenda pública. Es posible que ello se deba a que tanto unos como otros han salido bien parados del nuevo reparto, sino también a que la mayor parte de los vecinos hayan comprendido, primero, que a los políticos no hay que exigirles que cobren poco sino que se ganen lo que cobran. Y segundo, que impedir que la oposición cuente con ediles a tiempo completo no es más que una manera sutil pero sucia de evitar que la acción de gobierno pueda ser controlada. Que se hayan evitado los debates demagógicos sobre esta cuestión bien podría ser interpretada como un signo doblemente positivo: de que la situación general ya no es tan desesperada como algunos años atrás, por un lado, y de que la Marbella política ha alcanzado un cierto grado de madurez y está dispuesta a debatir no cuestiones insustanciales y secundarias, sino los asuntos de fondo.

Posiblemente con la conciencia de que la mayor parte de la demanda vecinal se dirige a una mejora rotunda de la gestión del día a día, y también de que 20 meses dan para lo que dan -en el equipo de gobierno hablan de solamente 18 meses porque desde el momento en el que se convocan las elecciones municipales la acción política desde la institución se reduce sustancialmente- no se han escuchado en estos días, ni posiblemente se escucharán en los próximos, ningún gran anuncio estratégico sobre el futuro de la ciudad.

Por el contrario, el equipo de gobierno -que se está terminando de configurar con la contratación de los últimos colaboradores y asesores- ha preferido comenzar con un par de decisiones que pueden entenderse como golpes de efecto.

El más esperado y por lo tanto menos sorpresivo ha sido la puesta en marcha de un plan de choque de limpieza. Después de haber convertido la gestión de esa área en el núcleo de su argumentario desde las filas de la oposición, el llamado plan de choque no ha sorprendido a nadie. Lo que aún falta por comprobar es si más allá de los golpes de efecto habrá argumentos cuando hayan transcurrido algunos meses para asegurar que efectivamente la ciudad está más limpia como consecuencia de una mejor gestión de los recursos municipales.

La segunda actuación que ha causado más impacto no puede asegurarse que haya sido planificada como un golpe de efecto, pero no se puede dudar de que ha tenido ese resultado. A los dos días de llegar el equipo de gobierno ha ordenado el cese del permiso concedido al hotel Sisu para la emisión de música. Este establecimiento se había convertido, no solamente por el ruido y las molestias a los vecinos, en una referencia de todo lo indeseable que durante los meses de verano pareció inundar la ciudad. Además de emitir música a deshoras y de convertirse en punto de encuentro de descamisados, el hotel está siendo objeto de una investigación policial por un incendio provocado intencionalmente en una de sus zonas comunes durante el pasado abril. Ahora el Ayuntamiento ordena el cese de cualquier actividad en su interior que no sea la hotelera y el mensaje parece poder leerse como que este equipo ha resuelto en dos días un problema al que su antecesor asistió con impotencia durante dos años.

En una dinámica idéntica puede entenderse también el anuncio realizado sobre la apertura dentro de dos meses de la infraestructura deportiva en superficie del Francisco Norte, un problema heredado que se convirtió en una cicatriz inasumible en pleno centro de Marbella y que el gobierno del tripartito tampoco fue capaz de solucionar durante más de dos años.

La alcaldesa también se ha sumado a esta estrategia de golpear duro al principio y ha querido que se visualice su mano ante el gobierno central con una visita la Ministerio de Hacienda, donde su reclamo de que se permita incrementar el techo de gasto, una losa que pesó sobre la gestión del tripartito durante todo este tiempo, ha recibido ahora buena acogida. Es lo que podría llamarse política institucional-partidista.

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