UN PACTO SIMBÓLICO

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

En la historia parlamentaria andaluza ha habido numerosos acuerdos de los partidos, aunque también otros muchos intentos han fracasado. Abunda sin consecuencias una adicción de los grupos parlamentarios y de los gobiernos en la Junta a los pactos de boquilla, a reclamarlos, e incluso a exigirlos, sobre los grandes asuntos, como la educación, el empleo y la sanidad. No hay discurso o debate parlamentario sin pacto que se precie en la boca de sus oradores. Así, año tras año. Casi siempre son brindis al sol y otras un esfuerzo en vano. Pura melancolía parlamentaria. Ocurrió en 2009 con la alianza contra el fracaso escolar. PSOE, PP e IU llegaron a redactar un texto de 128 puntos para que los colegios dieran más matemáticas, inglés y lengua, pero a la hora de la votación aquella cordialidad se fue al traste. Los socialistas, con mayoría absoluta entonces, sacaron adelante un documento que contenía algunas de las ideas del PP, pero sin que este lo respaldase por diferencias sobre cómo darle más autoridad al maestro. Hubo antes otro gran acuerdo, el de la reforma del Estatuto, y ahí sí hubo un esfuerzo de todos por el consenso, aunque ya a última hora. El Estatuto de 2007, tan parecido al catalán volteado por el Tribunal Constitucional en algunos puntos, salió adelante con el respaldo del PSOE, PP e IU gracias a que los partidos de izquierdas aceptaron la condición de los populares de subrayar las cuestiones más controvertidas con la línea roja de la Constitución. Con todo, el alto tribunal anuló las competencias del río Guadalquivir recogidas en el actual Estatuto.

Esta semana el Parlamento ha aprobado otro pacto, el del dictamen de propuesta andaluza para la nueva financiación autonómica, esta vez con el apoyo del PP. Y qué paradoja, sin que este partido haya participado en su redacción. El texto fue elaborado por el equipo de la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, el otoño pasado, tras la entrevista de Susana Díaz con los líderes políticos de la oposición. Ha sido negociado por Montero y Mario Jiménez con los partidos tras las navidades, una vez aprobado el Presupuesto y concluido el grupo de trabajo con expertos.

Al primer partido al que el PSOE le ofreció negociar fue al de Ciudadanos, pero este se ha desmarcado desde un principio por orden de Albert Rivera. Con Podemos hubo una gran coincidencia y algo menos con Izquierda Unida, pero también acabó entusiasmada. Lo que en principio iba a ser una alianza de la izquierda andaluza por la financiación, acabó en el primer gran acuerdo de los partidos esta legislatura, debido al apoyo final del PP.

PSOE, PP y Podemos defienden un modelo de financiación contrario a lo que dicen en otros territorios

Todos dan un mandato a Susana Díaz para que esta defienda su contenido en las negociaciones que haya sobre la financiación con el Gobierno de la nación y las comunidades. Aún en el caso de que Rajoy cumpla su promesa y comience la reforma este año, existe la posibilidad de que el futuro sistema de reparto del dinero no se apruebe antes de las elecciones andaluzas, que tocan en marzo de 2019. ¿Mantendría el futuro Gobierno de la Junta lo pactado por los principales partidos este mes de marzo?

Aún el supuesto de que la alianza permanezca, Andalucía es solo una pieza del tablero. Las otras muy relevantes son las del propio Gobierno central, los partidos con mayor peso en el Congreso y las comunidades del régimen común, todas menos País Vasco y Navarra.

Por ello la importancia del dictamen andaluz no está solo en su contenido, en que defienda la igualdad entre los territorios como principio básico y se oponga a privilegios de las comunidades más ricas o incluso ponga cifras sobre la insuficiencia financiera de estas, 16.000 millones de euros. Ni tampoco en que la variable dominante sea la de la población o el que se fijen porcentajes mínimos para educación y sanidad, como hace hincapié Antonio Maíllo.

Lo más relevante está en su simbolismo político en la España donde las diferencias ideológicas no están solo en las siglas de los partidos, sino en los intereses de estos en cada territorio. Así Susana Díaz se compromete a defender una posición contraria a la que querrían los socialistas catalanes o la presidenta balear, Francina Armengol, ya que el texto se expresa radicalmente en contra del principio de ordinalidad, que dejaría a las comunidades que más aportan a la caja común la posibilidad de recibir o gastar más. También Juanma Moreno firma un texto contrario al 'dumping' fiscal de la Comunidad de Madrid que defiende su presidenta, Cristina Cifuentes. «Este texto no ha sentado bien en Madrid», reconocen fuentes del PP andaluz. Igualmente Teresa Rodríguez suscribe algo con lo que puede chocar la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los comunes aliados, que quieren sin más un pacto fiscal como el del País Vasco.

La importancia de este acuerdo está en esa posición de los líderes andaluces de defender los intereses de esta Comunidad por encima de los de sus partidos. Lo curioso es la apuesta de Cs, un partido en la nube de las encuestas, por quedarse solo en la foto y no comulgar con este mensaje de 'lo primero, Andalucía'. Lo hizo igual el PA con el Estatuto de 2007 y en las siguientes elecciones quedó fuera del Parlamento.

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