Ojalá toque vivir tiempos interesantes

JUAN MONTABES PEREIRA CATEDRÁTICO DE CIENCIA POLÍTICA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Aunque es ahora, en 2017, cuando la fractura territorial vuelve a manifestarse con todas sus consecuencias, su presencia ha sido permanente a lo largo de los últimos cuarenta años de vida política democrática. En relación a Cataluña se ha intensificado desde hace siete años de manera efectiva en la política de esa Comunidad y también en la española. Desde la aparición de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña -aprobado por el Parlament, por las Cortes Generales y por referéndum ciudadano de los catalanes en 2006-, el procés tiene sus orígenes en unos momentos en que el porcentaje de población independentista en Cataluña no sobrepasaba el 15%. Diez años más tarde, ese porcentaje se encuentra aproximadamente algo más de veinte puntos por encima y aquellos que prefieren algún tipo de convivencia de la realidad estatal española con el autogobierno catalán, en torno al 50% de la población. Esa realidad fracturada de los sentimientos y las aspiraciones de los catalanes difícilmente pueden justificar las tropelías jurídico-estatutarias y constitucionales llevadas a cabo en las últimas semanas por la minoría independentista transformada por mor de una ley electoral catalana inexistente en mayoría parlamentaria.

La gravedad de la aplicación por parte del Gobierno de la Nación, con el respaldo y la legitimidad de la voluntad de la Cámara de representación territorial -el Senado- de las previsiones del artículo 155 de la Constitución, podríamos considerarla proporcionada a la ilegítima, ilegal y absolutamente antidemocrática actuación del Parlamento de Catalunya de los días 7 y 8 de septiembre y 26 y 27 de octubre últimos. La inmediata asunción, casi sin solución de continuidad, de las competencias del President de la Generalitat por el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, le habrían llevado sorprendente e inteligentemente a convocar las elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre. Con esa actuación el Gobierno de la Nación refuerza la legitimidad de su intervención, cediendo inmediatamente la palabra a la ciudadanía de Cataluña que dentro de dos meses tendrá la oportunidad zanjar el proceso o de abrir nuevas metas y expectativas. Será ahora la ciudadanía catalana la que a través de una previsible gran movilización participativa electoral -posiblemente en torno al 80%-, si todas las fuerzas políticas presentes en el actual panorama político catalán concurren a ella, decida el fututo inmediato de esta comunidad en España. Será, sin lugar a dudas, un momento determinante para el futuro inmediato de la vida política de los catalanes y de los españoles. En este caso parece cumplirse aquel presagio de la maldición china que le auguraba todos los males a una persona con aquello de 'ojalá te toque vivir tiempos interesantes'. Interesantes y cruciales lo han sido en los últimos cuarenta años en nuestro país, y lo están siendo en el momento actual; solo esperamos que en estos tiempos venideros sean también, como la Constitución de Cádiz de 1812 deseaba para todos los españoles y por tanto también para los catalanes, más justos y benéficos.

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