LA OBLIGACIÓN Y EL DERECHO DE ENTENDERSE

FRANCISCO MOYANO

HACE mucho tiempo que la política se convirtió en algo aburrido, previsible y hasta frustrante; de manera muy especial la de ámbito local que en unas ocasiones nos deja el Ayuntamiento hecho unos zorros y las más de las veces se muestra incapaz de solucionar los grandes problemas del entorno que preocupa a los ciudadanos (y ciudadanas). Los representantes de la ciudadanía, elegidos para que administren con diligencia y eficacia, a menudo demuestran que los intereses preponderantes en el día a día no son los generales, sino los de partido, poniendo la vista, con toda la antelación que se quiera, en los periodos electorales. El asunto enquistado, casi con tufo a podrido, de la llegada del tren a Marbella y Estepona viene a demostrar, una vez más, la incapacidad para aunar voluntades y esfuerzos tendentes al bien común. Aquí parece que hay un tren de 'derechas' y otro de 'izquierdas' y los dos partidos mayoritarios pasan a defender opciones totalmente opuestas a las que defendían cuando ejercían la oposición y el gobierno, al contrario que en la actualidad en el desempeño de papeles. Olvidan que los sucesivos gobiernos, de ambos signos ideológicos, han incumplido sin ningún tipo de rubor cuantas promesas, plazos y proyectos han hecho públicos. En este asunto nos jugamos un futuro que puede traernos formar parte de las rutas de transportes de primera línea o descolgarnos a un segundo plano, lo que sería de consecuencias imprevisibles. Esto es mucho más importante que la gresca por este o aquel director general, nombrado a dedo, con arreglo a convocatoria pública o bajo el manto de la simulación. Hubo un tiempo en el Ayuntamiento (estábamos en la Transición) en que los diferentes grupos, aprendiendo a andar andando, lograban ponerse de acuerdo con relativa facilidad. Sin duda tiempos pasados no fueron mejores, pero aquello que funcionó debe tenerse en consideración, sobre todo porque conocer la historia debería ser una prioridad, especialmente para quienes tienen la responsabilidad de encargarse de la cosa pública. En el mes de junio de 1979, la banda terrorista ETA colocó una serie de artefactos explosivos en las playas de Torremolinos, Fuengirola y Marbella; una manera de perjudicar al turismo, en unos momentos de especial dificultad para el sector. Naturalmente la corporación se pronunció, condenando en duros términos la actividad terrorista, mediante un pleno extraordinario, que en realidad fueron dos, porque hubo que debatir y votar una serie de mociones presentadas por los diferentes grupos políticos. Francisco Palma Sánchez defendió una moción con diferentes puntos como controlar las llamadas telefónicas, pedir la colaboración ciudadana para facilitar el registro de bolsos, clausurar las cabinas públicas de teléfonos, control de los alquileres de vehículos sin conductor o cuántas personas llegaban a la ciudad en yates. Excepto la clausura de cabinas telefónicas, todos los demás puntos fueron aprobados por mayoría o unanimidad. Otros de los ediles que presentó moción fue Andrés Cuevas González, quien propuso la creación, dentro de la Policía Local (entonces denominada 'municipal') de una sección especial formada por agentes jóvenes, preparados y dotados de medios suficientes; se aprobó por unanimidad. Propuso igualmente la formación en los barrios de comités de vecinos para ayudar a la seguridad ciudadana. En su moción, Francisco Pedrazuela pidió el aumento de los efectivos de la plantilla de la policía municipal a lo largo de cuatro ejercicios. También propugnaba la creación de una brigada nocturna para acrecentar la seguridad. La moción de Pedrazuela obtuvo el respaldo unánime. Por su parte, Félix Martín Vilches propuso la redacción de un plan turístico de emergencia para afrontar la crisis turística que quedaba agravada por los actos terroristas; debía estar integrado por representantes del Gobierno, municipios turísticos, centrales sindicales, asociaciones empresariales y tour operadores. Se aprobó por unanimidad. Solicitó que se revitalizara la campaña mediática de promoción de Marbella con la invitación de periodistas internacionales que difundieran la imagen de la ciudad. También hubo el acuerdo general en este punto, al igual que en la decisión de enviar telegramas al presidente del Gobierno, de la Junta, del Senado y del Congreso de los Diputados, reclamando medidas urgentes y eficaces. Aquellos ediles del 79 sabían que tenían el deber y el derecho de entenderse. Cabe esperar que los actuales también se pongan manos a la obra porque, antes que los intereses electorales, deben primar los que defienden las 'cosas de comer'.

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