La necesaria y urgente recuperación del urbanismo

La Administración debe preocuparse por una continua y específica formación, desde el enfoque multidisciplinar que requiere el urbanismo, de las personas responsables de valorar los instrumentos de planeamiento

En el año 1997 se publicó el número 1 de la revista 'Urban', en el que se incluía, entre otros, un magnífico artículo titulado 'Resurgam' (Invocación para recuperar el urbanismo y continuar el planeamiento) de Fernando de Terán, arquitecto y maestro de urbanistas. En dicho artículo De Terán señalaba el deterioro que había sufrido el urbanismo en las últimas décadas debido en gran parte a que, tras constatarse al final de los años 70 los escasos resultados que estaba produciendo el complejo sistema de planeamiento urbano existente en España, «se aprovechó la circunstancia para desencadenar, desde sectores ligados a intereses inmobiliarios, una agresiva crítica de base económica e intención liberalizadora contra el planeamiento urbanístico, que fue eficazmente secundada desde el ámbito profesional de la arquitectura».

Un año después entró en vigor la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones que liberalizó la clasificación del suelo urbanizable y fue culpable en gran medida de la aparición de la burbuja inmobiliaria que, tras su estallido, provocó la gravísima crisis económica de la que aún hoy estamos recuperándonos. Durante esta nefasta etapa han aparecido además numerosos casos de corrupción urbanística y todo ello ha generado también una auténtica crisis del urbanismo que, si bien puede generalizarse al resto de España, está teniendo una especial incidencia en Andalucía, quizás por haber sido una de las regiones más golpeadas por la crisis inmobiliaria.

Como reacción a esta situación, el gobierno andaluz ha acometido una serie de actuaciones y reformas normativas cuyo principal objetivo ha sido imponer límites y controles a los crecimientos urbanísticos. Objetivo en sí mismo loable y necesario, pero en cuya complejidad se ha profundizado poco, olvidando otros aspectos que tienen que ver con la actual realidad urbano-territorial que, en una economía cada vez más globalizada, se caracteriza por su multiplicidad y diversidad y, como tal, requiere novedosas fórmulas de comprensión y ordenación, con enfoques diversos, flexibles y complementarios, que deben direccionar planteamientos de desarrollo más deseables en las formas y los modos de hacer, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad.

A ello se ha unido una continua e interminable reforma de la legislación sectorial que afecta al planeamiento urbanístico y cuya aplicación, al no existir una adecuada armonización con la normativa urbanística y una coordinación administrativa eficaz, ha generado una grave paralización y una mala praxis de la actividad urbanística y, consecuentemente, de la actividad económica y social derivada de la misma. A modo de ejemplo sólo basta con enunciar las evaluaciones ambientales estratégicas o las valoraciones de impacto en la salud exigidas en la correspondiente legislación sectorial para innumerables innovaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico en las que la práctica está demostrando que resultan claramente innecesarias e improcedentes.

Recientemente el gobierno autonómico, consciente ya del grave perjuicio que esta situación está generando sobre la economía andaluza, ha reaccionado ante esa situación y ha puesto en marcha una reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) con el objetivo principal de simplificar los instrumentos de planeamiento urbanístico y de su proceso de tramitación y aprobación.

Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común, con carácter previo al proyecto o anteproyecto de la nueva ley, debe sustanciarse una consulta pública a través del portal web de la Administración competente lo cual va a permitir la participación en la elaboración de la ley que regula el urbanismo, entre otras, de las personas que se dedican profesionalmente a actividades vinculadas a dicha actividad. Por ello las y los profesionales del urbanismo, que en muchos casos y a pesar de lo que ya ha llovido, seguimos siendo también unos apasionados del mismo, estamos esperando con cierta impaciencia e incluso con ilusión (a algunos la ingenuidad nos dura toda la vida) ese primer borrador de esta reforma de la LOUA, con el objetivo de aportar nuestras experiencias.

No obstante, sin perjuicio de que la posible aprobación y entrada en vigor de la nueva LOUA mejore la actual situación del planeamiento urbanístico en Andalucía, también será necesario que, desde la sociedad civil, se actúe manteniendo un debate constructivo y permanente del urbanismo para devolverle su credibilidad y posibilitar su recuperación como disciplina noble, sostenible y generadora de actividad económica y de mejora social, y exigiendo a las Administraciones públicas competentes las acciones que resulten necesarias para la mejor regulación y aplicación de esta importante función pública. En este sentido cabe apuntar la imperiosa necesidad de modificar las estructuras de la administración autonómica que intervienen en los procesos de tramitación del planeamiento para agilizar los inaceptables plazos de tramitación actuales, creando para ello, si es necesario, un cuerpo especial de empleados/as públicos/as, de la misma manera que en su día se creó un cuerpo de inspectores de ordenación del territorio y urbanismo.

Asimismo, dicha Administración debe preocuparse por una continua y específica formación, desde el enfoque multidisciplinar que requiere el urbanismo, de las personas responsables de valorar los instrumentos de planeamiento, así como de inculcar en las mismas una actitud colaboradora y proactiva.

Pongámonos a colaborar en esta tarea con generosidad y con espíritu constructivo porque nos va el futuro del urbanismo en ello y, por ende, el de nuestras ciudades y territorios.

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