Manual para espantar inversores

Manual para espantar inversores

Estamos viendo como una simple licencia de obra menor puede durar varios meses, una de obra mayor puede ser cuestión de años y la aprobación de un Plan General, un problema de décadas

SALVADOR MORENO PERALTA. ARQUITECTO

Nuestro país está pasando por los momentos más críticos desde que se reinstauró la democracia a causa de la amenaza del movimiento separatista catalán. Este desafío es suficientemente grave en sí mismo, pero también lo es por el hecho de arrojar una sombra de distracción y olvido sobre otros problemas estructurales relacionados con el funcionamiento de la administración pública cuya hipertrofia burocrática, además de crear una opacidad favorable a la corrupción, entorpece el normal desarrollo de la actividad empresarial, con su incidencia negativa en la productividad y en la generación de empleo.

Esta situación, que puede verificarse en cualquier sector productivo, es particularmente grave en el inmobiliario, pues la desorbitada acumulación de trámites burocráticos está bloqueando de hecho el funcionamiento del que representa hoy casi el 40% del PIB de nuestro país siendo, por tanto, un factor determinante de la recuperación económica. Nadie está pidiendo barra libre para la construcción con la excusa de la crisis. Es hora ya de entender de una vez que el sector inmobiliario está enormemente profesionalizado en todas sus etapas, ya sea motu proprio o por los códigos y normativas que lo regulan. Y si por algo se ha caracterizado, precisamente, es por demandarle a la administración unas reglas de juego claras que elimine del tablero a los aventureros y arribistas como los que hicieron su agosto en una época en la que el país -y nuestra región- tenía que capitalizarse a cualquier precio. Pero una cosa son las reglas de juego y otra muy diferente es esa especie de filibusterismo administrativo que hace de las normas, no una garantía de excelencia y rigor en la construcción del medio que nos rodea, sino un mezquino instrumento al servicio del poder estamental.

Hoy cualquier iniciativa inmobiliaria tiene que someterse, como mínimo, a la normativa local, la regional, la estatal y la europea, en trámites que en modo alguno son simultáneos sino acumulativos. Pero, aún con esta farragosa y redundante legislación que, en sí misma dilata los tiempos de tramitación más allá de lo económicamente soportable, cabría adjudicarle al sistema una mínima racionalidad y justificación si no fuera porque la paralizante escrupulosidad de los trámites obedece menos a una intención reguladora que a una defensa cautelar del funcionariado ante la judicialización de la vida política y administrativa. Y por si fuera poco, en el diálogo de la Administración con los administrados rige la inconcebible norma jurídica del 'silencio negativo', con lo cual aquella puede tomarse el tiempo que quiera en despachar un expediente, sin que al ciudadano le asista el derecho a reclamar. Y así estamos viendo como una simple licencia de obra menor puede durar varios meses, una de obra mayor puede ser cuestión de años y la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana, un problema de décadas.

Ante esta situación, las corporaciones profesionales y empresariales vinculadas al sector parecen haber dado la batalla por perdida. La gran tragedia de la corrupción vivida en nuestro país no han sido los millones afanados por unos golfos sino el haber deslegitimado el espacio de la política como confluencia de los anhelos e intereses ciudadanos, degradando la democracia participativa a una democracia de papel, y ya desde 'El proceso' de Kafka sabemos que ésta puede ser más siniestra que la dictadura de los tanques. Parece que nuestro país está superando la crisis a tenor de los macroindicadores económicos; concretamente, el contexto social y geoestratégico de nuestra provincia está seduciendo a los mayores fondos de inversión ingleses, alemanes y americanos. La ocasión, pues, es propicia para que la virtualidad de las grandes cifras se convierta en una venturosa realidad a nivel de calle, recomponiendo los jirones del Estado del Bienestar y volviendo a las cifras de empleo anteriores a la crisis. Pero la inversión se estrella hoy contra un sistema obstruccionista e intrincado como cabeza de Medusa, ante la pasividad de una clase política a cuyo amparo creció y ahora se ve incapaz de desenredarlo. Pero si, como nos tememos, es ya imposible introducir cordura en este amañado embrollo, al menos exijamos a la Administración que sus actos se sometan a unos plazos reglados, con responsabilidades personales por su incumplimiento. Porque cuando la tasa de paro de nuestra provincia está en el 21%, cuando la crisis ha producido desgarros en las familias, cuando nuestros jóvenes profesionales están emigrando y mucha gente ha tenido que 'reiventarse' en cualquier cosa prescindiendo de su formación original, la Justicia haría bien en recordar que, junto a unos sinvergüenzas de carnet y unos supremacistas de butifarra, el mayor problema del país es la corrupción estructural de su ineficacia.

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