La Manada

LA TRIBUNA

La independencia judicial debe garantizarse encima de todo, pero eso no implica que tengamos que mirar a otro lado cuando nos encontremos ante un caso que pueda suponer un menoscabo de una víctima de violencia de género

La Manada
FRANCISCO JAVIER LARADecano del Colegio de Abogados de Málaga

Ahora que han pasado algunas semanas y las ideas se han ordenado en mi cabeza, ha llegado el momento de reflexionar sobre un caso que ha llenado muchas páginas de periódicos y revistas y muchas horas de radio y televisión, unas veces con más acierto que otras.  

En este tipo de asuntos es muy fácil resbalar y meterse en un atolladero del que luego cuesta salir. Igual que no se debe legislar en caliente, tampoco se debe opinar sobre un caso tan espinoso sin tener toda la información o, al menos, sin leer la sentencia que, además, es bastante larga.

Una vez realizado este ejercicio de lectura y reflexión, sorprenden muchas cuestiones, pero vayamos por partes. En primer lugar, llama la atención que la sentencia se demorara hasta cinco meses en un procedimiento en el que había personas en prisión, que eran inocentes hasta que un tribunal efectivamente les condenó.

A continuación, las calles se llenaron de personas que, en su legítimo derecho de manifestarse y de expresar sus opiniones, criticaban duramente la sentencia y exigían el endurecimiento de las penas a delincuentes sexuales –quizás estén a favor de la prisión permanente revisable, aunque no estaba este asunto a debate en este caso. En Madrid, la concentración llegó a las puertas del Ministerio de Justicia, algo que no casa con la división de poderes. En todo caso, la protesta debió desembocar en la sede del Consejo General del Poder Judicial, pero tampoco es exigible a todo el mundo que conozca las funciones y estructura del sistema judicial español.

 Con el paso de los días se fueron conociendo los detalles de la sentencia y, especialmente, del voto particular de uno de los magistrados, que precisamente había sido sancionado anteriormente por retrasos en sus resoluciones. Ésta fue, quizás, la parte más escabrosa del proceso, ya que hablar con fundamentos jurídicos de las diferentes formas de violación (abuso, con una pena de entre cuatro y diez años; o agresión, penado con entre ocho y doce años de prisión) no es tarea sencilla, menos aún cuando se disponen de pocos minutos para explicar conceptos con tantas aristas.

El voto particular de ese magistrado es claramente machista. Las instituciones públicas y privadas, la sociedad en general, se están tomando muy en serio la lucha contra los malos tratos y la asistencia a las víctimas como para leer esa parte de la sentencia y hacer caso omiso. La independencia judicial debe garantizarse por encima de todo, pero eso no implica que tengamos que mirar a otro lado cuando nos encontremos ante un caso que pueda suponer un menoscabo de una víctima de violencia de género. En ese voto particular se percibe una cierta formación machista que chirría y no es acorde a los esfuerzos que estamos haciendo tantas personas y tantos colectivos para combatir los malos tratos a las mujeres.

El ministro de Justicia, a quien los ciudadanos le estaban pidiendo explicaciones –insisto, de manera equivocada, debieron acudir al Consejo General del Poder Judicial–, tuvo conocimiento de algunas actuaciones indebidas de dicho magistrado y tuvo el desliz de sentirse un ciudadano más, de empatizar con quienes protestaban, y afirmó que no debía ser «ciego, sordo y mudo» ante las anomalías de las que había tenido conocimiento. Quizás no fue acertado dada su condición de ministro, pero creo los españoles tenemos derecho a conocer toda la verdad, máxime cuando se está hablando de cambiar el Código Penal para ser más precisos y que no existan las distinciones antes mencionadas en los tipos de violación.

Es en este punto cuando llega lo más sorprendente: a pesar de las quejas ciudadanas por los términos en los que se expresa el magistrado en el voto particular y de las manifestaciones en las que se criticaba duramente la sentencia, no ha habido ni un solo representante judicial que haya puesto en duda, cuanto menos, el lenguaje utilizado. Todos han salido a rebato en defensa del magistrado, en el más claro ejercicio de corporativismo que hemos visto en los últimos años.

 El corporativismo, bien entendido, puede ser positivo, incluso envidiable. Pero cuando se pierde la objetividad y aleja uno los pies del suelo corre el riesgo de caerse estrepitosamente. Los abogados somos corporativistas, no cabe duda, pero al Colegio de Abogados de Málaga no le tiembla el pulso a la hora de sancionar a un letrado si ha incumplido el código deontológico con otro compañero o con un cliente. Y esto nos da fuerza a la hora de afrontar nuestras reivindicaciones. Se llama predicar con el ejemplo, ser coherente y consecuente, y la credibilidad de nuestro sistema judicial crecería exponencialmente si los jueces supieran admitir que son humanos, que a veces se equivocan, pero que trabajan para mejorar. Esto es lo mejor que cabría esperar tras la sentencia de 'La manada', que tanta frustración ha creado en nuestra sociedad.

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