Lujo

JOSÉ MARÍA ROMERA

Ala puerta del edificio de la Real Academia hacen cola grupos de peticionarios diversos que exigen actuar sobre su parcelita del idioma. Unos solicitan la inclusión de una palabra, otros reclaman el borrado de una acepción, otros piden cuentas por la conservación de un término que deja en mal lugar a los de su pueblo o a sus colegas de oficio. A esta corte de los milagros se va agregando cada vez más gente. Desde que se ha extendido la pretensión de elaborar el diccionario por voto popular y no según el criterio de investigadores y lexicógrafos, la legión de damnificados verbales crece sin cesar. La lengua ha dejado de ser una herramienta de comunicación labrada a lo largo de siglos de historia para transformarse en un mercado de las palabras a medida donde cada uno se cree con el derecho de reclamar lo que él quisiera que significaran y no lo que significan en la realidad. Hasta hace poco las quejas provenían de minorías étnicas, gremios profesionales, víctimas de enfermedades y otros sectores humillados que llegaban a este palacio dieciochesco alentados por la errónea idea de que tuneando el lenguaje no solo mejoraría la imagen pública del colectivo sino que se resolverían algunos de sus principales problemas. La confusión ha dado lugar a situaciones jocosas, como la de aquellos panaderos que pedían airadamente la retirada del refrán «pan con pan, comida de tontos», que está fuera de la jurisdicción de la RAE, como si aplicando esa medida fueran a aumentar las ventas de pan en el país. Un propósito similar ha debido de impulsar estos días al marqués de Griñón, cabeza visible de un club de selectos empresarios, a entrevistarse con el presidente de la RAE para solicitarle el cambio de la definición de «lujo», que consideran hiriente para los adinerados. Quieren un trato eufemístico, popular y cercano para una palabra cuyo sentido reside precisamente en lo contrario: en la suntuosidad, el boato y la distinción. Pero lo raro no es que los ricos intenten forzar a la RAE a esta cuadratura del círculo. Lo incomprensible es que el propio director de la RAE les haya dado audiencia, implantando así una metodología inédita en el trabajo lexicográfico. En lugar de los análisis textuales, las peticiones de usuarios y afectados. En vez de fichas y papeletas, el qué hay de lo mío. ¿Lo suyo? Otro error. Ninguna palabra es de propiedad particular. Considerar que un empresario del lujo está autorizado para negociar el significado de la palabra lujo porque en cierto modo le pertenece es no tener la menor idea de cómo funcionan las reglas del idioma. Y esto vale por igual para palabras como gallego, judío, trapacero, autista o hacker. Nadie tiene la potestad de decidir qué deben significar y qué no. Son patrimonio de los hablantes, y lo que le corresponde a la RAE es velar para que ese patrimonio no se empobrezca. Contra viento y marea.

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