La Lupa

Justicia histórica

Justicia histórica

La reparación que supondrá que la Finca de la Caridad pase a manos del Ayuntamiento para albergar una ciudad deportiva va mucho más allá de ejecutar una indemnización

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

LA alcaldesa, Ángeles Muñoz, reveló el pasado jueves las avanzadas negociaciones que mantiene con el Ministerio de Hacienda para conseguir que los bienes incautados a Juan Antonio Roca durante la 'operación Malaya' reviertan en la ciudad. Muñoz puso el ejemplo de la finca La Caridad, posiblemente el emblema de la corrupción porque fue ahí donde en marzo de 2006 se encontraron algunos de los bienes que testimoniaban de hasta dónde había llegado la opulencia con la que Roca vivía a costa de los vecinos de Marbella. En esa finca, situada en la orilla occidental del río Guadaiza entre el campo de fútbol de San Pedro y el polideportivo Guadaiza, el equipo de gobierno quiere crear un gran complejo deportivo que permita terminar con las deficiencias de equipamiento que en esa materia padece la ciudad. Pero el acuerdo va más allá.

Ya durante su anterior mandato, Muñoz y Montoro -posiblemente el ministro con el que la alcaldesa mantiene mejor sintonía- acordaron, en el marco de la refinanciación de la deuda del Ayuntamiento con Hacienda y la Seguridad Social acumulada durante los gobiernos del GIL, que los bienes que se consiguieran recuperar por el cobro de las indemnizaciones previstas en sentencias en favor de la ciudad se destinaran a rebajarla.

Aquel acuerdo permitió reestructurar la deuda, que superaba los 280 millones de euros, y fijar en 40 años el periodo de amortización. Esta segunda negociación va un paso más allá. Lo que prevé es sustraer de ese convenio los bienes y los fondos que se puedan ir cobrando para que repercutan directamente en la ciudad y que no tengan que ser destinados al pago de la cantidad total adeudada.

La negociación todavía está abierta y por eso el anuncio de Ángeles Muñoz, realizado durante su intervención en el foro Lidera Málaga, organizado por SUR, no fue más allá de adelantar que el Ayuntamiento se convertirá en propietario de la finca La Caridad y el destino que se dará a esa finca. Sin embargo, el objetivo es también acceder a otros bienes patrimoniales e incluso, al menos, a parte de los fondos que se vienen recaudando por la venta de bienes incautados a Juan Antonio Roca durante la 'operación Malaya'. Aunque el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda ya es un hecho, todavía no se ha materializado porque existen algunos flecos y hay otras partes implicadas.

Como se sabe, Juan Antonio Roca había acumulado un patrimonio multimillonario gracias al poder en la sombra que había ejercido en el Ayuntamiento y estaba incurso en numerosos procedimientos legales, pero no fue hasta que se produjo la 'operación Malaya' cuando la justicia pudo -o quiso, gracias al juez Miguel Ángel Torres- inmovilizar primero e incautarse después de sus numerosos bienes.

Por eso, cuando la sentencia por el 'caso Saqueo 2' fue firme y Roca se vio condenado a devolver al Ayuntamiento de Marbella 37 millones de euros, los servicios jurídicos municipales se encontraron con que la sentencia tenía dificultades para cobrarse porque el patrimonio del exasesor de Urbanismo había sido inmovilizado en otro procedimiento. Además, en esta causa, 'el caso Malaya', la indemnización que se establecía en favor del Ayuntamiento era mínima, ya que la mayor parte de la responsabilidad civil se establecía por el delito de blanqueo continuado cometido por Roca y su red y por lo tanto tenía al Estado como beneficiario.

Al dictar aquella sentencia, el presidente del tribunal, José Godino, introdujo una coletilla en la que indicaba que sería de justicia que los bienes incautados revirtieran en Marbella, pero el párrafo fue eliminado por el Tribunal Supremo tras un recurso presentado por el fiscal.

La negociación entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda, al parecer a punto de cerrarse, puede permitir ahora corregir esa omisión que debe ser ciertamente interpretada como una injusticia. Y en estas conversaciones, el propio Godino está teniendo una participación activa en la que sigue manteniendo el criterio de que los bienes incautados deben repercutir en Marbella, aunque sea para saldar la indemnización fijada por un proceso diferente a aquel en el que fueron inmovilizados y cuyo tribunal presidió.

Seguramente será muy difícil que toda la riqueza acumulada durante los años en los que se esquilmó a Marbella vuelva a la ciudad, pero el intento de recuperar al menos parte de ese patrimonio para ponerlo al servicio de los ciudadanos debe ser -y al parecer lo está siendo- una prioridad del Ayuntamiento.

Más allá de que aspirar a que se enmiende todo el daño ocasionado durante los años del saqueo puede suponer una quimera, no se puede ignorar el valor que tendrá convertir la finca La Caridad en un complejo deportivo. Que el lugar donde Roca exhibió su impunidad, su lujo suntuoso y su mal gusto en forma de ganadería, carruajes y piezas de caza disecadas pase a ser un equipamiento público donde las nuevas generaciones de marbellíes puedan tener acceso a la práctica del deporte tendrá una carga simbólica y un efecto reparador del daño causado que irá mucho más allá de lo material.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos