La justicia

´MARÍA MAIZKURRENA

En Europa hay 19 jueces por cada 100.000 habitantes. En España, 11. Los jueces, como el resto de las personas, tienen la mala costumbre de morirse. Así pues, seguirán muriendo, enfermando, jubilándose, pero con las 65 plazas que se van a convocar tendremos de nuevo menos jueces cada año que el año anterior en un país que padece hambre canina de justicia.

Dentro de su manejo, más sabio o más torpe, del palo y la zanahoria, el Gobierno dejó caer hace ya tres añitos que iba a elevar por encima del 10% la tasa de reposición del empleo público en los que consideraba «servicios esenciales». Lo que el Gobierno consideraba «servicios esenciales» lo son sin duda para la ciudadanía: educación, sanidad, fuerzas de seguridad y lucha contra el fraude fiscal. Hace poco, los funcionarios de Hacienda anunciaron que la lucha contra el fraude fiscal será dentro de poco imposible por falta de recursos, sobre todo recursos humanos. Mantener la tasa de reposición por debajo del 10% es un recorte de medios importante para cualquier institución: en las que necesitan desesperadamente aumentarlos en vez de reducirlos, esto puede conducir rápidamente al colapso.

Ahora, en medio de la tierra sedienta ha caído la promesa de la lluvia benefactora. Para empezar, la Agencia Tributaria va a convocar más plazas, incluso de las 1.000 que pedía Ciudadanos, porque, como diría el propio Montoro, «esto si no no funciona». Además se van a convocar unas 250.000 plazas de empleo público en tres años -noticia bien venida y bien anunciada-, aproximadamente 130.000 para sanidad, 98.800 para educación y sólo 8.600 para justicia. De estas, 100 son para fiscales y jueces. Los jueces y aspirantes a jueces están tan contentos que ya hay una petición en change.org reuniendo firmas a gran velocidad. Las asociaciones judiciales dicen que se necesitarían 250 nuevas plazas anuales para equiparar España al resto de Europa. Pero España no necesita equipararse, necesita más, porque el país de la 'Púnica', las cláusulas suelo y la trama de las tramas necesita más medios para combatir semejante berenjenal podrido. Otra cosa que se necesita con urgencia es una ley de protección de testigos, como acaba de demostrar por enésima vez el caso de la técnica del Ayuntamiento de Valdemoro amenazada de muerte. Ante las toneladas de papel (y no es metáfora) de las complejas y laboriosas causas, el Gobierno no ha respondido con un plan para dotar de más medios a la Justicia, sino limitando los plazos de instrucción penal. Las asociaciones mayoritarias de fiscales y de jueces pidieron que se suspendiera la entrada en vigor de la reforma; el mandato legal, aseguraron, no puede cumplirse con los medios existentes. Si la justicia lenta no es justicia, los plazos medidos sin medios para instruir las causas nos llevan a la injusticia por la vía más corta.

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