EL JUICIO POLITIZADO

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El juicio a los 22 excargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no acaba de empezar como tal y en sus cinco sesiones no ha parado de dar giros inusuales. De hecho, a la fase de las cuestiones previas debería llamársele en esta vista oral la de las cuestiones sorpresa. Así puede considerarse la propuesta de los abogados del PP, acusación popular en el juicio, cuando este martes solicitaron que se citara como testigo a la presidenta de la Junta, Susana Díaz. En realidad era una sorpresa a medias. Cabía esa posibilidad dada la estrategia del PP en los casos judiciales que afectan al PSOE: Siempre ha ido a la cabeza, sea quien fuera quien figurase en ella. Susana Díaz nunca pintó nada para el PP en el 'caso ERE' ni en el de los cursos de formación hasta que en 2013 fue presidenta de la Junta de Andalucía.

El PP abanderó su presencia en la comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en las ayudas para cursos de formación pese a que estas se concedieron cuando Díaz aún no había llegado al Gobierno. Y ahora de nuevo intenta que haga el 'paseíllo' a la Audiencia Provincial de Sevilla para que testifique con el argumento, entre otros, de que en sus exposiciones en el Parlamento andaluz ha demostrado tener un gran «conocimiento» de los hechos que se juzgan, aunque ella tampoco pintara nada en la política regional cuando ocurrieron estos.

Apelando a la ironía que provoca la propuesta, podría decirse que quienes también han demostrado tener gran conocimiento del 'caso ERE' en el Parlamento son los portavoces y líderes del PP desde que estalló en 2011 (Javier Arenas, Juan Ignacio Zoido y Juanma Moreno). Diría que estos incluso han exhibido más conocimiento que Díaz, ya que la presidenta casi siempre lo que hizo fue rehuir el tema para que no le salpicara políticamente.

En la petición para que testifique Susana Díaz subyace un algo de venganza por la citación de Rajoy en el juicio de la Gürtel

Con solo consultar los debates en el registro de sesiones del Parlamento podrían leerse numerosos párrafos de los dirigentes del PP (sobre todo Arenas y Zoido) con grandes conocimientos de como iban las diligencias abiertas por la jueza Mercedes Alaya. Entre otras razones lógicas porque el PP se había personado como acusación y muchas de las indagaciones de la instructora se hicieron a instancias de su parte. Por ejemplo, las primeras investigaciones sobre el papel de Griñán cuando era consejero de Economía y Hacienda.

Los abogados de este partido llevan siete años trabajando de forma muy concienzuda en el 'caso ERE'. Y se supone que con el derecho que les asiste hacerlo para que se esclarezcan hechos supuestamente delictivos como la concesión de ayudas sociolaborales sin el procedimiento administrativo adecuado. Trabajar para que se dictaminen las responsabilidades penales, si hubo, de quienes gestionaron ese sistema de ayudas que muchas veces llegó a quienes no debían, llámense intrusos, chóferes de la cocaína, suegra del director general o conseguidores y mediadores sin escrúpulos.

Hay 22 excargos políticos y altos funcionarios sentados en el banquillo para ser juzgados por ello, entre ellos dos expresidentes. Pero para el PP, partido que lleva tres décadas intentando sin éxito desbancar al PSOE de la Junta, no es suficiente. La petición para que comparezcan la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, chirría muchísimo. No parece que se trate de los nombres, sino de los títulos de cada uno.

El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, ya frunció el ceño y pidió a los abogados del PP que justificaran la petición de nuevos testigos y el por qué no los habían incluido en su escrito de acusación de octubre de 2016. Todo parece indicar que detrás hay una intencionalidad política más que jurídica y el factor sorpresa es clave.

El PP quiere la foto de Susana Díaz en la Audiencia de Sevilla respondiendo sobre el caso de corrupción más gordo que afecta al PSOE. Pero no se trata solo de una estrategia más de desgaste de la candidata socialista a la Junta. En esta petición también subyace un algo de venganza por la citación como testigo de Mariano Rajoy este pasado julio en el juicio del 'caso Gürtel'. El PSOE fue una de las acusaciones populares que pidió que compareciera como testigo. Ahora el PP parece querer devolvérsela a los socialistas.

Es una pena porque este gesto del PP viene a darle la razón a quienes intuyen que el del 'caso ERE' es un juicio politizado. Está por ver qué decidirá el tribunal, si llamará o no a Susana Díaz a declarar. Algunas fuentes jurídicas opinan que no prosperará, pero ha habido tantos giros en este caso que todo puede pasar. Calle Peña y las dos magistradas del tribunal decidirán en función del pronunciamiento de los fiscales a la propuesta. Una posición que se oirá en la sala de vistas esta semana próxima.

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