Juicio plúmbeo

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

Algunos de los periodistas que asistíamos ayer a la reanudación del juicio del 'caso ERE' mirábamos de reojo el digital para seguir cómo Granados tiraba de la manta. Qué quieren qué les diga, los de mi oficio buscamos siempre la noticia en la novedad y en el juicio de Sevilla había poca. Mientras el principal implicado del 'caso Púnica' se despachaba contra su antigua jefa Esperanza Aguirre y su sucesora Cristina Cifuentes, el principal implicado del 'caso ERE' se mordía la lengua. Toda una paradoja porque el exdirector general de Trabajo que manejó a su antojo la partida de los ERE durante ocho años, según la instrucción, se ha caracterizado siempre por ser más bien un parlachín pese a los enfados de su abogado, Fernando de Pablo, que le amenazó varias veces con dejarle en la estacada si no aprendía a morderse la lengua.

Guardar silencio es un derecho constitucional para una persona acusada, en el caso de Guerrero con penas de cárcel de salir condenado. El exdirector general se acogió a ese derecho y nos privó a todos del rifirrafe con la acusación y de lo que hubiera deparado su natural inclinación al desahogo.

Un silencio que ha convertido a la vista oral en un relato plúmbeo de lo ya conocido en siete años de instrucción. La voz que más se oye en la sala de la vista oral es la del secretario judicial (ayer auxiliado por una letrada)leyendo con la misma entonación del rezo del rosario largos párrafos ya sabidos.

Uno de los abogados ya advirtió que este sería un juicio aburrido y muy técnico, dado que ni a Chaves, Griñán, Aguayo, Magdalena, Zarrías ni a ninguno de los sentados en el banquillo se le acusa de haber escondido un millón de euros de dudosa procedencia en el armario del suegro, por recordar a Granados. Se efrentan a duras penas por un procedimiento administrativo para conceder ayudas públicas sin control. Y nada más, ha dejado claro el presidente del tribunal.

Unas ayudas firmadas en su mayoría por Guerrero, con una suegra también en el ajo a la que regaló una prejubilación de miles de euros y un millón de estos a un antiguo chófer con un historial de chanchullero mayor en su pueblo que hace difícil creer cómo llegó a ser empleado de la Junta. Por esto había cierta expectación en la comparecencia de Guerrero. El PSOE siempre situó en el exdirector general de Trabajo la responsabilidad del fraude de los ERE. Guerrero tiró hacia arriba, hacia todo el Gobierno, en sus declaraciones en la fase de instrucción sobre el procedimiento para conceder las ayudas. Ayer renegó de estas declaraciones. A ver lo que dice hoy. Su silencio obedece sin duda a una estrategia de defensa fácil de adivinar si este es el único juicio al que se va a enfrentar por el 'caso ERE': No dejar que nadie le pregunte por el chófer de la cocaína.

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