Andalucía en el diecisiete

Un juicio sin el morbo del dinero

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

Quienes esperen oír en el juicio del 'caso ERE' fuga de dinero a Suiza o alguna isla Caimán de los expresidentes Chaves y Griñán, que esperen sentados. Este juicio no tiene más morbo que el solo hecho de ver sentados en el banquillo de los acusados a los expresidentes y algunos de sus consejeros más relevantes de sus gobiernos, como Magdalena Álvarez, impulsora entre otras gestiones de la llegada del AVE a Málaga. También llevó el AVE a Barcelona. Lo mediático del juicio es eso, la foto y las imágenes en televisiones de todo el país de la cúpula de los ejecutivos socialistas de la Junta andaluza de dos décadas, donde este partido gobierna desde hace 35 años, y al que el PP, acusación en el caso, hace un férreo marcaje por desbancarle en San Telmo.

Este no es un juicio de la corrupción política al uso. La de 'coge el dinero y corre' o 'apúntalo' a mano en papeles. Si es que hubo corrupción, si el tribunal lo ve así, esta será otra corrupción en la que los corruptos no solo no se hacen ricos, sino más bien lo contrario. Un caso muy raro.

Que hubo graves irregularidades en la concesión de ayudas en la Consejería de Empleo, ya nadie lo duda. Fuera por falta de diligencia o por amaño, las hubo. Lo prueba que el Gobierno de Griñán primero y el de Susana Díaz después cambiaran casi toda la normativa en esta consejería.

Ahora bien, este juicio no va del destino del dinero posiblemente defraudado, que sigue investigándose en piezas separadas del 'caso ERE'. Va de dirimir la legalidad de un programa presupuestario y si hubo una trama política para conceder ayudas sin control con fines ilegítimos. ¿Con qué objetivo? Con el de la paz social, decía la primera instructora, Mercedes Alaya. El tribunal dirá si aquella jueza estrella con portada en 'Vogue', hoy conferenciante, tenía razón con su teoría de la pirámide. Si no fuera así, si el caso que instruyó es un castillo de naipes, habría que reflexionar mucho sobre el sistema judicial en España. Sobre todo porque siete años después, los que sí se fueron con el dinero siguen corriendo y a algunos ya no se les podrá pillar porque sus posibles delitos han prescrito.

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