La Invisible y sus contradicciones

El foco de la hipocresía que desprende la Casa Invisible no reside en su interior

TXEMA MARTÍN

La primera vez que pisé la Casa Invisible fue pocos meses después de su ocupación y no duramos allí ni cinco minutos. Nada más entrar, un señor que reparaba bicicletas nos expulsó de esta particular embajada del amor y de lo procomún porque uno de nosotros llevaba una camiseta de Adidas. Protestó diciendo que allí no querían capitalistas y terminamos buscando asilo político en un bar para rockeras, donde se nos trató muy bien porque aunque pueda parecer mentira hay pocas músicas más pacíficas que el rock and roll. Después habré vuelto a la Invisible unas tres o cuatro veces y mi conclusión siempre ha sido la misma: con su estética cutre y desaliñada por voluntad propia, es en la práctica un club social privado y con ínfulas culturales que opera en la oscuridad. En definitiva, otro cortijo.

La Invisible adolece de múltiples contradicciones. Además de un taller para el medio de transporte predilecto de los antisistema, se sabe que en este centro se venden camisetas que se ajustan a su 'dress code' y que tienen un bar que funciona sin los requisitos que se exigen a negocios similares. Un círculo de Podemos denunció hace pocos meses las tinieblas de sus cuentas: no se sabe a dónde van a parar los beneficios de sus actividades comerciales. Tampoco queda claro si en ese edificio vive gente... y es que lo único que le falta a la Invisible para rizar su propio rizo sería anunciar habitaciones en Air Bnb. Al menos su bar ya aparece en Tripadvisor como «una terraza con buen ambiente». El anticapitalismo mola mogollón.

Pero no nos engañemos: el foco de su hipocresía no reside en su interior, donde es cierto que suele haber buena voluntad y algunas actividades útiles, incluso necesarias. Casi todas las grandes ciudades tienen algún centro okupado como símbolo de diversidad. Los grupos políticos que defienden que la Invisible sea concedida 'a dedo' para sus actuales responsables son los mismos que exigen un riguroso concurso público para todo lo que se mueve. La única diferencia aquí es que son sus colegas. Se pone el ejemplo de los terrenos cedidos a las cofradías, pero en estos casos son las hermandades las que se construyen sus sedes con esfuerzo en una forma de autogestión con todas las de la ley. En nuestra sociedad no hay nada más común que lo público, y en este caso el Ayuntamiento, que con sus medias tintas es el máximo responsable de la situación de ilegalidad de este centro durante una década, les paga el IBI y no ejecuta la orden de cierre; algo habrá que hacer ante una solvencia más que discutible. El alcalde por su parte debería cumplir con su palabra. Lo lógico sería que se diera comienzo ya al procedimiento que se considere oportuno para que los gestores actuales puedan ocuparse (con 'c') del edificio en la legalidad y con las cuentas claras. Claro que quizás exigirle transparencia a algo que se autoproclama invisible sea demasiado pedir.

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