Desde su 'exilio' en Bruselas, el señor Puigdemont, expresidente de la Generalitat, ha criticado duramente a las instituciones europeas y a sus responsables, preguntándose retóricamente: «¿Qué clase de Europa es ésta que no apoya la secesión de Catalunya?»

En efecto, la declaración unilateral de independencia no ha sido reconocida por ningún Estado de la Unión y la ruptura unilateral del ordenamiento constitucional de un Estado miembro ha recibido el rechazo explícito de los presidentes de las instituciones europeas, Consejo, Comisión y Parlamento. Se constata así que una Catalunya independiente, no solo quedaría fuera de la UE, sino que ni siquiera podría presentar una candidatura de adhesión, dado que no se dan ninguno de los supuestos contemplados en el Derecho Internacional Público para el reconocimiento como nuevo Estado.

Se comprende la decepción de Puigdemont, porque había asegurado a los catalanes que toda la comunidad internacional recibiría con los brazos abiertos a la nueva República catalana, ya que el derecho a la autodeterminación estaba plenamente reconocido en la Europa democrática, salvo en la España autoritaria y neo-franquista. Ahora se da de bruces con la realidad, y comprueba que no tiene más apoyo que el del partido nacionalista flamenco, situado muy a la derecha del espectro político europeo. Pero no debería sorprenderse, porque se lo habían advertido de todas las formas posibles. No tenía mas que leer las declaraciones de la Comisión Europea y el Comité de las Regiones para convencerse de esta realidad, en vez de repetir, junto con los Junqueras y Romevas de turno, que los catalanes no tenían que preocuparse porque, de una u otra manera, la Cataluña independiente seguiría estando en la Unión Europea.

Esta ha sido una de las grandes falsedades con las que se ha presentado el camino hacia una Arcadia feliz, apoyada por la comunidad internacional en nombre de un imaginado derecho incondicional a la autodeterminación de los pueblos. Y todos los gobiernos europeos han comprendido que la violación repetida de la Constitución, el propio Estatut de Autonomía de Catalunya y los reglamentos de su Parlamento haya hecho inevitable la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, un precepto por cierto copiado casi literalmente del artículo 37 de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, aunque no fuese del gusto de nadie tener que hacerlo.

Además, el independentismo se ha posicionado abiertamente contra la propia literalidad del Tratado de la Unión Europea, con la violación, cuando menos, del respeto al imperio de la ley (artículo 2) y la amenaza a la integridad territorial de los Estados miembros (artículo 4.2). Que una hipotética nueva República catalana no tendría ninguna perspectiva europea es tan cierto como que el ataque contra la Constitución española ha sido certificado por la Comisión Europea y por los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo durante el debate de su sesión plenaria del pasado 4 de octubre. Pero la cuestión no es solamente de tipo jurídico-legal o de interpretación de los Tratados, ni de los intereses estratégicos de los grandes Estados europeos. Es mucho más profunda, porque tiene que ver con los valores en los que se basa el proyecto europeo, cuyo objetivo fundamental es superar los antagonismos identitarios, construyendo identidades complejas y múltiples, en las que quepan distintos componentes.

Por ello, se equivocan los que pretenden que la secesión de Catalunya, aún siendo inconstitucional en el fondo y en la forma, y excluyente de la mitad de la población de Cataluña, tenga una inspiración y una aspiración europea, Por el contrario, el proyecto secesionista del nacionalismo catalán es profundamente antieuropeo en su propia concepción, por contravenir el espíritu del proyecto de integración europea, que nació, tras la última gran debacle, para poner fin a las guerras en Europa y que consiste precisamente en la construcción de un espacio político supranacional en el que los Estados-nación comparten la soberanía en clave federal, y actúan de acuerdo con el principio de solidaridad a través de políticas de cohesión. Como explicaba Joseph Weiler, reputado politólogo y experto en Derecho comunitario, en un artículo publicado en diciembre de 2012 en el 'European Journal of International Law', las razones aducidas para justificar la demanda de independencia son diametralmente contrarias al ethos histórico de la integración europea. Y que la visión de sus padres fundadores, Schumann, Adenauer, de Gasperi y Monnet, estaba basada en la superación de identidades antagónicas, de fronteras, de diferencias y de agravios, en vez de tener la mirada puesta atrás en la Historia.

Puede que no sean conscientes de ello, pero los planteamientos independentistas que Junqueras y Puigdemont presentan como la vocación europea de Catalunya son en realidad contrarios al espíritu, a los valores y al derecho de la Unión Europea. Esta se basa en la voluntad de construir una «unión» cada vez más estrecha entre sus pueblos y representa por tanto la integración frente a la fragmentación. Pero hay que reconocer que el resurgir de los viejos y nuevos egoísmos nacionales dificulta conseguir esos objetivos y que el problema no es solo de Catalunya, sino que afecta cada vez a más países europeos, porque las sociedades sufren transformaciones que debilitan la solidaridad si esta no se basa en la identificación nacionalista.

Por eso, el desafío independentista catalán no es solo una cuestión interna española. Es un asunto europeo en su esencia política. Y de cómo se resuelva depende el futuro del propio proyecto europeo. Si se permitiera que un orden constitucional democrático sea derribado al margen de sus normas y se alteren las fronteras establecidas en su día al precio de tanta sangre, en poco tiempo veremos el fin de la construcción europea, basado en la unidad, la solidaridad y el respeto a la ley.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos