INDEPENDENCIA EN DIFERIDO

Hace tiempo que se ha atentado gravemente contra el interés general de España, como exige el artículo 155

Finalmente el president Puigdemont ha proclamado un Estado catalán independiente en forma de república. La independencia, sin embargo, queda suspendida más por la inviabilidad fáctica de la misma que por las aducidas llamadas al diálogo y a la negociación. No debe olvidarse que esta proclamación forma parte de un proceso que fue anunciado ya desde la inconstitucional resolución del Parlament de noviembre de 2015 sobre «creación de un estado catalán independiente en forma de república», consecuencia de la frustración ante la falta de mayoría electoral del bloque independentista en las elecciones de septiembre de ese año. El proceso se convirtió en un intento de golpe de Estado institucional en el pleno del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre pasado y continuó en el simulacro de referéndum del 1 de octubre. Puigdemont pretendió ayer que los resultados de ese día, imposibles de verificar, servirían para proclamar a Cataluña como Estado, continuando el intento de golpe de Estado institucional.

La proclamación de Cataluña como Estado independiente carece de toda validez jurídica desde el punto de vista del ordenamiento constitucional, pero no significa que no vaya a tener consecuencias. Es radicalmente inválida por atentar frontalmente contra la Constitución, el Estatuto y las resoluciones del TC. Ahora corresponde al Gobierno, utilizando todos los resortes a su servicio, que este Govern golpista no consiga avanzar en esa proclamación controlando el territorio o las infraestructuras. A nivel internacional debe hacerse una labor de explicación del intento de romper la Constitución y la convivencia, para que ningún Gobierno democrático reconozca esta proclamación de independencia en diferido.

Pero, como decía, ha de tener consecuencias. Hace tiempo que se ha atentado gravemente contra el interés general de España, como exige el artículo 155 de la Constitución. Si una proclamación de Cataluña como Estado independiente no encaja en ese supuesto es que nunca podrá aplicarse. Debe el presidente del Gobierno, por tanto, solicitar al Senado su aplicación y tomar todas las medidas necesarias para que este Govern quede paralizado y se pueda volver a la normalidad constitucional. Por otro lado, aunque finalmente no se siga adelante, la acción del Govern ha sido golpista, por lo que sus autores tendrán que responder ante la justicia y en su día ser castigados a las penas que correspondan.

Quedan otros mecanismos constitucionales que no debe dudarse en su utilización si fueran necesarios, aunque ojalá no se materialicen. En el caso de que, como consecuencia de la frustración por esta independencia diferida, se produjeran disturbios incontrolables, procedería el estado de excepción y, si derivara en insurrección, el estado de sitio, ejecutando el Ejército, en este último supuesto, las medidas que procedan, en ambos casos con suspensión de derechos fundamentales (art. 116 de la Constitución). Nada resolverían, por el contrario, ni el estado de alarma, reservado a causas naturales y que no añade prácticamente ningún poder adicional al Gobierno, ni la Ley de Seguridad Nacional, prevista para situaciones que son consecuencia de atentados terroristas o que ponen en juego la defensa nacional y que permite la coordinación de fuerzas de seguridad, pero no su control ni el de las autoridades autonómicas.

Son momentos decisivos para el Estado constitucional de derecho en España y no puede haber vacilaciones si la Generalitat no da marcha atrás. Proclamarán lo que quieran, pero no puede haber independencia, aunque se suspenda o se aplace. Si la hubiera en algún momento, perecería no la unidad de España, sino la democracia y confío en que entre todos, incluido el Gobierno, sepamos defenderla. No se trata de independencia ahora o luego, sino de vivir bajo la Constitución o en la pura arbitrariedad ejercida por una minoría. Ese es el desafío.

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