Historia de dos crisis

JOSÉ M. DE AREILZA. CÁTEDRA JEAN MONNET-ESADE

La generación de españoles que hemos tenido la suerte de haber podido votar siempre, hemos vivido también dos crisis constitucionales que nos deben hacer pensar sobre el valor y la fragilidad de la democracia. La primera crisis fue el golpe de Estado del 23-F. La segunda, el actual intento de secesión en Cataluña, aún no fracasado. Las dos situaciones de emergencia han sido ataques frontales al Estado de derecho. La que atravesamos estos días es de mayor calado y más difícil de resolver. El asalto al Parlamento del teniente coronel Tejero y su secuestro del Gobierno y los diputados se pudo frenar gracias a la intervención del rey Juan Carlos. El feliz desenlace en menos de 24 horas unió a las fuerzas políticas de entonces y aceleró la modernización de las fuerzas armadas. Mi padre me llevó a la primera manifestación de mi vida cuatro días después y tengo muy vivo el recuerdo de caminar a su lado por el paseo del Prado en defensa de la Constitución.

La crisis desatada por la coalición independentista en Cataluña también ha encontrado la respuesta decidida de la Corona, que ha señalado el camino para la recuperación del orden constitucional. El Derecho ha dejado de aplicarse en una parte de España. La Constitución y las demás normas del ordenamiento jurídico, empezando por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, han perdido su eficacia. La persistencia del Gobierno de Carles Puigdemont en desafiar la legalidad y despreciar las resoluciones judiciales es un problema mayúsculo. Solo cuando éste se resuelva, se podrán abordar de forma dialogada las reformas que necesita nuestro marco de convivencia democrática. El ciudadano de a pie en Cataluña no tiene porqué estar expuesto al desconcierto de vivir entre dos aparentes legalidades, contradictorias y paralelas, por culpa del espejismo creado con las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica. Estas normas fueron aprobadas sin respeto alguno por los principios del procedimiento parlamentario y violentando el Estado de derecho vigente. A pesar de haber sido suspendidas por el Tribunal Constitucional, son invocadas por los líderes separatistas como la base sobre la que construir la independencia. La responsabilidad de aclarar las cosas corresponde a nuestros políticos. No basta con declaraciones desde los despachos sobre la validez jurídica de un comportamiento o de una norma. El proceso secesionista ha roto la normalidad institucional y ha mutado en pulsión revolucionaria, que alienta el choque en las calles para hacer efectiva la autodeterminación.

El Gobierno español cuenta con la legitimidad y los medios para devolver la eficacia a las normas que vertebran y organizan la convivencia democrática. España es hoy una democracia europea avanzada, que asombró al mundo con su transición hace más de cuarenta años. Tenemos capacidad y experiencia para afirmar la Constitución primero y abordar a continuación las reformas que cierren esta segunda crisis constitucional. Cuando comento con mi hijo las noticias de estos días, deseo que queden pronto atrás y no debiliten nuestra andadura colectiva en libertad.

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