La Tribuna

El futuro del agua en Andalucía

Las políticas de agua deben estar basadas en la solidaridad entre los pueblos, donde el agua, como el recurso de la vida, debe ejercer de elemento vertebrador del territorio

ALBERTO JIMÉNEZ MADRID DOCTOR EN CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE PEDRO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

Según la UNESCO, en la actualidad existe una crisis de gestión de los recursos hídricos a nivel mundial. Ésta se encuentra especialmente agravada en entornos del Mediterráneo, como es el caso de Andalucía, lo que ha provocado una pérdida en la calidad y cantidad del recurso disponible, así como la degradación de los ecosistemas asociados. Dicho escenario se verá potenciado negativamente a medio plazo de cumplirse las previsiones de cambio climático para nuestra región.

Nuestra comunidad, Andalucía, representa quizás el modelo de gestión hídrico más complejo de todo el territorio nacional, ya que incluye desde las zonas más secas de la península hasta las más lluviosas, a la vez que presenta el mayor rango altitudinal dentro de la misma, y es la comunidad con mayor número de habitantes. Todo ello gestionado por seis demarcaciones hidrográficas, que a su vez presentan diferentes modelos de gestión debido a su configuración.

Los avances en materia de agua han sido notorios aunque la realidad reinante pone de manifiesto que todavía quedan muchos campos en los que avanzar y mejorar para alcanzar los objetivos de las directrices que en materia de agua rigen desde Europa.

Por ello es necesario alcanzar un gran acuerdo, un pacto andaluz sobre el agua basado en la colaboración y coordinación entre administraciones a todos los niveles, que incluya las voluntades tanto de los responsables políticos como técnicos, con la intención de definir las líneas estratégicas de futuro que deberán guiar la política en materia de agua en nuestra tierra y su gestión, con el fin de mejorar el actual escenario. En este sentido, es imprescindible abordar la temática desde sus diferentes vertientes y afecciones (ambientales, sociales, económicas, etc.) para consensuar un nuevo modelo alternativo de gestión y planificación basado, a grandes rasgos, en los siguientes hitos:

Las políticas de agua deben estar basadas en la solidaridad entre los pueblos, donde el agua, como el recurso de la vida, debe ejercer de elemento vertebrador del territorio. Existen cuencas excedentarias que podrían paliar los problemas de déficit hídrico que sufren otros sectores, siempre y cuando el desarrollo futuro de la cuenca cedente no se vea comprometido por posibles transferencias y se cumplan los objetivos medioambientales de las masas de agua.

Se hace necesario un compromiso serio para desarrollar los diferentes programas de medidas de los planes hidrológicos. De forma recurrente se aprecia el desplazamiento temporal de las medidas propuestas de un ciclo de planificación al siguiente, incluso la eliminación de horizontes temporales para la ejecución de algunas de ellas sin que otras medidas vengan a mejorar la situación de estrés hídrico cada vez mayor, lo que denota que la problemática no está en la teoría, sino en la puesta en práctica y voluntad de desarrollo de estos programas de medidas.

Los procesos de participación e información pública deben fomentar el compromiso de la sociedad en estos procesos, mediante la explicación de las implicaciones que los documentos normativos aprobados en los diferentes planes (hidrológicos, zonas inundables, etc.) generan sobre el desarrollo futuro del territorio.

Se deben determinar con claridad los mecanismos y fórmulas en los que se llevará a cabo la recuperación del coste de los servicios relacionados con el agua. Unificar criterios frente a la dispersión normativa y prever aquellos mecanismos necesarios para evitar duplicidades.

En determinados ambientes es necesario el estudio, desarrollo e implantación de fuentes alternativas de suministro acompañado de planes de optimización energética que aumenten el recurso disponible y aseguren la capacidad de abastecimiento de la población. Estas medidas liberan recursos procedentes de otras fuentes tradicionales que pueden ser destinados a otros usos que consolidan y fomentan el desarrollo del territorio, con la consecuente creación de riqueza y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos así como la mejora del estado de las masas de agua y ecosistemas asociados.

Alcanzar el objetivo de vertido cero mediante la construcción de las EDAR que todavía se encuentran pendiente de ejecutar y la modernización de aquellas que lo precisen. Desde la entrada en vigor del canon de depuración, se ha recaudado lo suficiente como para haber desarrollado una gran mayoría de las infraestructuras pendientes, y sin embargo no se han llevado a cabo, lo que implica la imposición de sanciones desde Europa.

Es necesario efectuar un control eficiente y vigilancia de los recursos extraídos y suministrados, junto con campañas de concienciación ciudadana.

Finalmente, se hace necesario el estudio de modelos de uso conjunto de todos los recursos hídricos disponibles encaminados a proponer alternativas y garantizar el abastecimiento de los diferentes municipios de nuestra tierra, de los usos asociados al desarrollo económico y social de la población y, por supuesto, garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales de las diferentes masas de agua con su puesta en valor como una alternativa turística más a añadir al enorme potencial de Andalucía.

No cabe duda que Andalucía necesita de una política seria en materia de agua, rigurosa, con respaldo económico suficiente y sobre todo con voluntad e impulso político que se traslade a una gestión sostenible e integral, reflejo de la legislación vigente, el cual será el legado que reciban las generaciones futuras.

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