LA FUERZA DE LA LEY

JUAN CARLOS VILORIA

Sin invocar el artículo 155, sin suspender la autonomía de Cataluña, sin recurrir a la fuerza uniformada, el gobierno central frenó en seco los preparativos para llevar a cabo del referéndum ilegal del 1 de octubre. No tuvo más que dejar que la maquinaria judicial tomase velocidad crucero y la guardia civil, en calidad de policía judicial, desmanteló el núcleo duro de la logística clandestina. En un intento de plasmar la temida desproporción en los titulares de prensa la Generalitat dio por hecho que la detención de los altos cargos responsables de presunta desobediencia, prevaricación y malversación supone el estado de excepción. Nada más lejos de la realidad pero da la impresión de que Puigdemont y Junqueras no calculaban que su aventura independentista encontraría una respuesta judicial tan rápida y contundente.

No estamos ante la fuerza bruta como quizás podían desear algunos, sino ante la fuerza de la ley, lo que ha empezado a actuar frente al desafío secesionista y la autocracia de los independentistas en el ejecutivo catalán y en el Parlament. Un conocido político nacionalista del PNV decía días atrás en una tertulia: «España, nos guste o no, existe. Y cuando España se levanta, ojo». Sabía de lo que hablaba porque vivió de cerca la fallida experiencia de la 'vía Ibarretxe'. Con todo, la gravedad del momento y la crisis institucional en Cataluña no se puede minimizar. Si no se amortigua cuanto antes con gestos de rectificación y apaciguamiento, la situación podría quedar fuera de control habida cuenta de que algunas minorías con afanes provocadores podrían aprovechar el viaje. No hay más que repasar la 'actuación' de Gabriel Rufián en el pleno de control para tentarse la ropa. O poner el foco en la tentación de Podemos para intentar pescar a río revuelto.

Es importante que Pablo Iglesias no se equivoque y pretenda beneficiarse de la situación para acumular fuerzas con el objetivo de provocar una crisis de gobierno o forzar una nueva moción de censura. Ese tipo de oportunismos se pagan caros en política. La experiencia de ayer debe servir de lección al mundo soberanista que ha intentado legitimar su desatino con la excusa de que se habían comprometido con el pueblo a organizar un referéndum para darle voz. Primera lección: en democracia no prometas lo que es ilegal y no puedes cumplir. Sería naif si no fuera por la gravedad de la coyuntura a la que han arrastrado a los ciudadanos de Cataluña y al conjunto de la política española.

No solo prometieron un referéndum que no tenían competencias para convocar. También convencieron a los bien intencionados independentistas y muchos catalanistas de buena fe que el desafío al estado no tendría consecuencias y que el camino de la separación sería un desfile de esteladas, cadenetas, manifestaciones cantando la Estaca... Otra estafa.

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