Festival de hipocresía

La Lupa

Denunciar como enchufismo el nombramiento de cargos ejecutivos de confianza no solo es engaño, también supone censurar una práctica a la que ningún Gobierno ha renunciado ni puede renunciar

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

Sería interesante conocer cuántos vecinos se han interesado estos días por el proceso de selección de los directores generales del Ayuntamiento. A partir de lo que se puede ver en las redes y en las estadísticas de lectura de noticias, no parece que la cuestión haya despertado el más mínimo interés más allá del estricto círculo de concejales, militantes y afines. La cuestión, sin embargo, se ha convertido en la de mayor polémica durante la semana, y cuando el interés político y el interés ciudadano van por carriles tan diferentes es oportuno preguntarse por qué.

Los cargos de dirección general del Ayuntamiento son elegidos por el equipo de gobierno para formar parte del mismo. Son personas seleccionadas para ejercer tareas de gobierno, no para asesorar a los concejales sino para formar parte de su equipo, no sólo para ejecutar una política ya diseñada sino para participar en el diseño de la misma. Los directores generales pueden ser funcionarios, pero desde el momento que comienzan a ejercer esa función dejan de actuar como tales y pasan a hacerlo como miembros del equipo de gobierno, como mandos políticos del Ayuntamiento. Por eso no debe llamar la atención que un gobierno municipal, éste o cualquier otro, nombre para esos cargos a personas afines. Lo que debería asombrar, porque tendría un efecto nefasto sobre la acción de gobierno, sería lo contrario.

La mayor parte de los nombrados estaban hasta ahora ejerciendo como asesores en el Ayuntamiento. No estaban como directores generales, con sus atribuciones y remuneraciones actuales, porque hasta ahora el Ayuntamiento no contaba con una norma aprobada por el pleno que diera sustento a esos nombramientos. Ahora, esas mismas personas, y otras que se incorporan nuevas, tendrán mando en plaza, capacidad de decisión y firma, y por lo tanto serán susceptibles de que se les exija responsabilidad.

La oposición ha considerado que estos nombramientos son un ejemplo de enchufismo, que es como lo mismo que criticar que Rajoy no haya convocado a un concurso público para nombrar al ministro de Economía o que se exija a Susana Díaz que designe director general de Turismo a un profesional de contrastada experiencia en el sector aunque no tenga con la presidenta ni afinidad política ni acuerdo sobre qué hay que hacer para impulsar esa industria. Ni Rajoy ni Susana Díaz deberían ser acusados de nepotismo o de promover el enchufismo por conformar arbitrariamente sus equipos para gobernar. Otra cosa sería si se usara el Ayuntamiento para colocar afines en puestos de trabajo que sobrevivieran al gobierno con fines electorales, como se hizo en esta ciudad durante muchos años con consecuencias que todavía se están pagando.

Que un gobierno coloque en los puestos de mando a personas de su más estricta confianza y con quienes tiene afinidad no forma parte solamente de lo habitual en cualquier administración pública, sino también de la más pura lógica. Se podrán discutir las formas e incluso las remuneraciones, pero no la decisión de rodearse de gente de confianza para la gestión, tal y como ha hecho este gobierno, el anterior y, con absoluta seguridad, el próximo.

Lo que si puede ser objeto de crítica es que estos nombramientos hayan sido realizados bajo el amparo legal de un reglamento que dio apariencia a todo el proceso de algo que no era: algo parecido a un concurso público de libre concurrencia al que todas las personas que aspiraran al cargo podían acudir en igualdad de condiciones. No ha habido nada eso, y por eso estos nombramientos han tenido víctimas colaterales: los aspirantes que han visto defraudadas sus legítimas aspiraciones en un proceso en el que nunca tuvieron ninguna opción.

Si la norma permite jugar así con el tiempo, las aspiraciones y las ilusiones de personas que no tenían posibilidad es que la norma está mal. Si obliga a hacerlo de esta manera simplemente para guardar las formas y las apariencias, está aún peor.

Tanto este reglamento como el que intentó impulsar sin fortuna el anterior equipo de gobierno, que ahora desde la oposición ha denunciado todo este proceso por enchufismo pero que en su día también tenía a asesores a la espera de ser nombrados directores generales, venían obligados por ley dictada en 2014 en el marco de la crisis económica, la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que obliga a cubrir este tipo de cargos preferentemente con funcionarios.

En 2015, el reglamento presentado por el tripartito fue impugnado por la Abogacía del Estado al entender que no se cumplía con ese requisito, y ahora, el del gobierno PP-OSP está recurrido en los tribunales por el PSOE. Esta misma ley, que es mirada con mayor o menor atención en función de que sillón se ocupa en el salón de plenos del Ayuntamiento, es la que obliga a que la convocatoria sea pública aunque después la selección se haga por criterios políticos y no objetivos. Como se ve, la hipocresía institucionalizada discurre en las más variadas direcciones.

Aunque por las propias características del proceso no ha habido muchas sorpresas en los nombramientos, sí ha habido algunas que han llamado la atención y que demuestran que no todo sale siempre como se espera. Tal es el caso de los dos cargos de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro que no se han cubierto porque los candidatos no cumplían con los requisitos que la propia Tenencia había establecido, lo que pone ciertamente el foco sobre la capacidad de planificación de los responsables municipales de San Pedro.

Sin embargo, el caso que más llama la atención es el de la nueva directora general de Turismo, Laura de Arce, una persona que ya ocupó un puesto de alta dirección en el Ayuntamiento -fue directora del Palacio de Congresos durante los anteriores mandatos de Ángeles Muñoz- y que al ser destituida tras el relevo en la Alcaldía en 2015 denunció al Ayuntamiento por despido improcedente, denuncia que aceptó retirar tras pactar una indemnización.

Desde el Partido Popular se aseguraba en aquellos momentos de relevo político en el Ayuntamiento que las demandas laborales presentadas por antiguos cargos de confianza del gobierno de Ángeles Muñoz fueron recibidos con gran disgusto por parte de la exalcaldesa y su equipo, ya que desgastaba su prestigio y además los veían como una grave muestra de deslealtad. En algún caso se llegó a pedir a los afectados que retiraran las demandas y que no utilizaran la confianza que se les había otorgado en su momento para conseguir un puesto de trabajo indefinido en la administración pública.

De Arce no era en esta ocasión la primera opción para la Dirección General de Turismo del Ayuntamiento. La alcaldesa, en cumplimiento de un compromiso previamente adquirido, consultó con los empresarios del sector, en concreto con el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella, acerca de sus preferencias para el cargo y la organización empresarial propuso el nombre de su gerente, Begoña Castillo. El nombramiento contaba con el acuerdo de ambas partes y Castillo llegó a presentar su candidatura para el proceso de selección, aunque posteriormente desistió por motivos personales y profesionales.

Ante esta situación volvió a surgir el nombre de Laura de Arce. Lo que se desconoce es si el currículum de la ahora directora de Turismo hacía imposible evitar su nombramiento o si, por el contrario, ha recuperado la confianza que el parecer había dilapidado.

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