¡Que Europa me proteja!

¡Que Europa me proteja!
La tribuna

Ahora, el verdadero desafío de Puigdemont está dirigido a destruir la cohesión y la credibilidad del sistema judicial español en el seno de la Unión Europea

RAFAEL ÁBALOS / ABOGADO Y ESCRITOR

Incluso a sabiendas del rechazo de todos los Estados miembros de la Unión Europea a cualquier forma de nacionalismo independentista, el líder de los secesionistas que declararon el pasado viernes la República de Cataluña no dudó en implorar en su rueda de prensa de Bruselas -con el miedo disimulado bajo la reiteración de su desacreditado discurso- que Europa les ayude a eludir las graves responsabilidades penales en que incurrieron al vulnerar la Constitución española, despreciando, además, el espíritu de unificación que inspira los principios esenciales de convivencia aceptados por todos los europeos representados en las instituciones comunitarias de la capital belga.

Sin embargo, Puigdemont también ha justificado su huida a Bruselas en la necesidad de mantener viva la confianza de sus desconcertados seguidores en una ilusoria república, mediante el anuncio de la creación de un idílico y fugaz gobierno catalán en el exilio, al que decididamente estaría dispuesto a renunciar si se les garantizaba -nadie sabe por quién ni cómo- que ni él ni los suyos ingresarían en prisión por los muchos delitos cometidos desde la aprobación en los primeros días de septiembre de las leyes de referéndum y transitoriedad. Eso es lo único que ahora le importa a Puigdemont, que Europa lo proteja, por más que siga escondiéndose tras la ficticia dignidad de sus ideales nacionalistas.

Y es tal la osadía del desafío independentista de Puigdemont y sus compañeros de viaje (de cuyo análisis inicial ya me ocupé el pasado 2 de octubre en esta misma Tribuna de SUR) que no sólo olvidan que es a la propia Unión Europea a la que pretenden despojar ilícitamente de una sustanciosa porción del territorio común, del que España es un todo indivisible conforme al artículo 2 de su Constitución, sino que, también sin el más mínimo rubor, manifiestan ante la opinión pública internacional su maquiavélica aspiración de que sean los órganos representativos de esa misma Europa democrática los que sometan a un incierto control o a una alarmante censura -carente de todo refrendo en el ordenamiento jurídico europeo-, las legítimas decisiones del Poder Judicial español, cuya independencia del Poder Ejecutivo no puede ser puesta arbitrariamente bajo sospecha salvo que se cuestionen de un modo irracional los sólidos fundamentos fundacionales de la Unión Europea, entre los que destaca el respeto a las funciones esenciales de todos los Estados miembros, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional, como proclama el Artículo I-5 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma en octubre de 2004.

Al respecto, tampoco puede desconocerse la relevancia que pronto adquirirán, en las situaciones que aún están por llegar, las Decisiones Marco del Consejo de Europa relativas a las órdenes de detención y al reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, basadas en la confianza democrática para la cooperación judicial de los Estados miembros, y que fueron incorporadas a la legislación española por la Ley 23/2014, de 20 de noviembre.

Desde los presupuestos expresados, es indudable que -lo soliciten o no en Bélgica-, el expresidente Puigdemont y su cesado gobierno de la Generalitat no pueden acogerse al derecho de asilo dentro de la Unión Europea, como se ha especulado públicamente hace sólo unos días. Para alcanzar esa certeza basta con la lectura del Manual de derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración, publicado en 2014 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a cuyo tenor es claro que los políticos rebeldes que violentan la constitución de un Estado miembro poniendo en peligro la seguridad y la convivencia pacífica de todos los ciudadanos, y utilizan la intimidación de las masas en las calles para decir luego que son injustamente perseguidos por los tribunales como presuntos autores de los graves delitos de malversación, sedición y rebelión, no tienen acogida en ninguno de los supuestos contemplados en la legislación comunitaria.

Distinto es que la presencia de Puigdemont en Bruselas sólo represente otro capítulo de su intrigante creación argumental, escenificada desde la capital europea para mostrarle al mundo su temor a ser juzgado por la 'opresora' justicia española, mientras confía en que un juez belga comprenda sus miedos y deniegue la Euro-Orden de detención y entrega que, a buen seguro, dictará la Audiencia Nacional si no comparece hoy ante la juez Lamela.

Con tan premeditado objetivo, los secesionistas no sólo se han planteado desafiar a España con su astuta trama conspirativa, aparentemente concluida desde la aplicación del artículo 155. Ahora, el verdadero desafío de Puigdemont está dirigido a destruir la cohesión y la credibilidad del sistema judicial español en el seno de la Unión Europea. Su irónica sonrisa al ser preguntado por los periodistas si acudirá a la citación de la justicia española ya expresaba, con su pertinaz silencio, un nítido propósito de sorprender al mundo con otro desenlace imprevisible de una historia que será interminable, a pesar de las elecciones anunciadas.

Fotos

Vídeos