La euroorden en la encrucijada

La cooperación judicial ha sido puesta en entredicho y parece evidente que la euroorden precisa de una mejor regulación

El problema que se ha planteado en torno al espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, en cuanto a la resolución incidental del Tribunal superior regional del land de Schelswig-Holstein, no es pecata minuta. La libre circulación europea tiene que garantizarse con instrumentos adecuados, puesto que de otro modo, la Unión Europea sería un refugio de delincuentes de todo tipo. Es en este contexto que España solicitó a Alemania la detención y entrega de Puigdemont, procesado por el Tribunal Supremo español, para que pueda ser juzgado por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Y la aplicación de la euroorden comportaría que el tribunal alemán verificara que los delitos imputados tienen correspondencia en ambos países sobre los bienes jurídicos protegidos, que son el orden constitucional y la integridad territorial en la rebelión y el buen uso de los fondos públicos en la malversación.

Me ha sorprendido no muy favorablemente la decisión del tribunal alemán y ello por varios motivos. Lejos de encontrarme con argumentos fundados en la «reserva de constitución» efectuada por el Tribunal Constitucional Federal alemán en materia de derechos fundamentales, o de percibir que su argumentación toma como precedentes los que existen ya sobre la euroorden en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tribunal de Schelswig-Holstein acude a unos argumentos un tanto peculiares.

Respecto de la rebelión, por una parte, por la insólita aseveración que este tribunal efectúa sobre la no existencia de doble incriminación porque «no existe ninguna ley alemana que penalice la participación en una rebelión en España». Por otra, porque, como precedente, compara una ocupación violenta de las pistas de un aeropuerto que tenía la finalidad de impedir que la instalación se ampliara, con los actos de violencia que se pudieron producir en Cataluña con la finalidad de declarar la independencia en forma ilegal e insurreccional. No tiene en cuenta que en un caso se trata de la actuación de un grupo radical particular y en el otro de la actuación de instituciones públicas. No tiene en cuenta, tampoco, que el delito imputable en cada caso no puede ser el mismo (es absurdo considerar rebelión o alta traición la ocupación de pistas de un aeropuerto para impedir su ampliación), por lo que el grado de violencia necesario en cada caso tampoco tiene por qué ser medido de la misma manera. Sin negar que haya habido violencia en Cataluña, parece que el tribunal del land trata de medir el grado de violencia y que para aceptar que la rebelión española sea equiparable a la alta traición alemana se necesita más violencia. ¿Hasta qué punto? Pues, según su interpretación, la violencia tiene que tener un resultado: doblegar la voluntad y la actuación del violentado. Es decir, que, en el caso alemán se hubiera tenido que conseguir que no se ampliara el aeropuerto y en nuestro caso se hubiera tenido que consumar la rebelión.

Además, el tribunal de Schelswig-Holstein manifiesta la «necesidad de contar con más evidencias» en el caso de la malversación porque para que pueda afirmar que existe la doble incriminación es necesario que le demuestren que los fondos utilizados eran de origen público. Claro, eso es lo que se tiene que probar en el juicio 'a quo', es decir, en España, pues precisamente se solicita la entrega para poder juzgar con todas las garantías si la malversación existe o no. Da la impresión de que el tribunal del land alemán quiera que se haya probado tal delito antes de que el juicio se haya realizado.

Acostumbrados, como estamos, al rigor de la normativa y jurisprudencia alemanas, sistema jurídico que nos ha inspirado en numerosas ocasiones, sorprenden un tanto algunas afirmaciones del tribunal alemán (espero que no sea un problema de traducción, que también podría darse...). Así, asevera que se imputan los delitos de rebelión y malversación «en forma de desobediencia» (sic.), cosa que no tiene sentido jurídicamente hablando, porque la desobediencia es otro delito específico. Además, se refiere, textualmente, al «prolongado conflicto, en términos generales, en torno al estatus legal de Cataluña en relación con el Estado central español», lo cual es sorprendente, porque el status jurídico de Cataluña no deriva de la ley sino de la Constitución. Y se refiere al «Tribunal Supremo de Madrid» cuando nunca hemos tenido un Tribunal Supremo «de Madrid», sino un Tribunal Supremo de España.

Si para España, para su ciudadanía, parece incomprensible que entre estados miembros de la Unión no se produzca la cooperación judicial que debería darse, como así ha sucedido en otros casos, sin mayores problemas, desde la perspectiva del Derecho de la Unión, se puede estar generando una quiebra en sus principios básicos. La solución que obtenga este caso, que probablemente llegue hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ratificará que la libertad de circulación pueda ejercitarse de conformidad con el principio de seguridad jurídica o, que, por el contrario, crezca la desconfianza de la ciudadanía respecto del funcionamiento de la Unión. De momento, la cooperación judicial ha sido puesta en entredicho y parece evidente que la euroorden precisa de una mejor regulación.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos