CONTRA EL ESTADO DE DERECHO

A Puigdemont le va a ser difícil escapar a una responsabilidad penal, que finalmente habrá de exigírsele

Lo tiene muy mal el president Puigdemont, imponiendo contra viento y marea su ruta secesionista. El enfrentamiento con el Estado, en los términos en que lo intenta, va a tener efectos devastadores para todos, pero especialmente para él. Le va a ser muy difícil escapar a una responsabilidad penal, que finalmente habrá de exigírsele. Va ser la víctima principal de un obcecamiento, consecuencia de la pasión nacionalista, que quizás le ha convencido de la belleza épica del sacrificio por la patria, pero sobre todo consecuencia de la ignorancia de la noción elemental de la idea del Estado de derecho.

La esencia del Estado de derecho consiste en admitir que el gobernante está sujeto a la ley, incluyendo en esta como su primera manifestación la Constitución, que precisamente es la más importante de las leyes, de modo que estas tienen validez porque respetan la Norma Fundamental. Ocurre también que el Estado de derecho para no quedarse en una forma meramente retórica o teórica, sino en un verdadero marco obligatorio de la convivencia, depende de una organización jurisdiccional, que con la fuerza del estado impone sus decisiones. La esencia del Estado de derecho consiste en que al final quien establece lo que las leyes mandan o permiten son los jueces que imponen sus resoluciones tanto a los particulares como a las autoridades.

Puigdemont se ha propuesto realizar su voluntad secesionista mediante un referéndum, que el Tribunal Constitucional ha establecido que no cabe en nuestro sistema jurídico, a no ser que se cambie previamente la Constitución. Puigdemont se ha empeñado, a pesar de esto, en la celebración de tal referéndum, que estaría cubierto por una ley autonómica, cuya elaboración ha promovido y finalmente llevado a término, firmando el correspondiente decreto de convocatoria de la consulta. En una actuación, con el apoyo de la presidenta del Parlament, plagado de trapacería, e irregularidades, a pesar de los avisos de los servicios jurídicos de la cámara y de las protestas de la oposición.

Naturalmente el Gobierno de la Nación ha promovido la puesta en marcha que nuestro sistema constitucional establece frente a leyes o decisiones de las autoridades autonómicas anticonstitucionales, produciéndose su suspensión por parte del Tribunal Constitucional, que, de acuerdo con su Ley Orgánica, apercibirá a las diversas autoridades de las consecuencias que pueden derivarse de la desobediencia a sus resoluciones, en este caso dejando sin efecto la ley del referéndum. La fiscalía queda al acecho para actuar como consecuencia de una actuación contraria a la suspensión del Tribunal que puede ser constitutiva de delito.

Es una pena que se haya dado por parte del independentismo catalán una actuación anticonstitucional de tamaño alcance. Esta es la veste en que desdichadamente, se presenta, el ataque a la democracia y el Estado de derecho asentados efectivamente en España desde 1978.

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