Por encima de la ley

Son las reglas del gobierno del pueblo, no hay ejercicio ni convivencia sin ellas y no están para las ocasiones, ni ha de exceptuarse su aplicación por ninguna causa, todos tienen el derecho a conocerlas y el deber de cumplirlas

JOAQUÍN L. RAMÍREZ

La igualdad, la participación, la salvaguarda de los derechos y la justicia son principios irrenunciables de la democracia. Los países occidentales, bien encajados en un sistema social de libertades, han defendido tradicionalmente sus instituciones y las garantías de los derechos de todos con decisión y eficacia. Lamentablemente en una sociedad compleja no todos parecen saber que democracia es libertad, igualdad, justicia y acatamiento de la ley. Tenemos democracia porque así lo dictan las leyes de las que democráticamente nos hemos dotado. Las leyes democráticas para serlo han de ser aprobadas por los representantes políticos de una mayoría más o menos cualificada, pero siempre la mayoría. Esas mayorías son la esencia de las garantías que las democracias precisan, implementan y aplican. Son las reglas del gobierno del pueblo, no hay ejercicio ni convivencia sin ellas y no están para las ocasiones, ni ha de exceptuarse su aplicación por ninguna causa, todos tienen el derecho a conocerlas y el deber de cumplirlas.

En España, a diferencia de la mayoría de los países de su entorno, se puede ser independentista y se pueden inscribir legalmente partidos que aboguen por este tenor. De hecho, la Constitución, que consagra la «unidad indivisible de la Nación Española...», puede cambiarse en todo o en parte y, con los procedimientos en ella contemplados, podría modificar su forma de estado, su integridad territorial o lo que se crea conveniente, pero porque así lo quiera la mayoría y sólo en ese caso. Los partidarios de los cambios constitucionales pueden organizarse, alzar su voz, asociarse para la consecución de sus fines, lo que consideren oportuno hasta ser capaces de concentrar una mayoría suficiente para llevar a cabo sus propuestas. Lo que no pueden hacer es imponer sus tesis avasallando la voluntad, los deseos y las instituciones, del pueblo español. Contra ello no hay argumento válido alguno, no cabe contraponer política y ley, pues la política transcurre dentro de la ley y es la garantía de la democracia. Un golpe de Estado es la acción por la cual un grupo, una corriente o un movimiento, impone su mando por encima de las instituciones y de la ley a través de medios violentos, no violentos en apariencia, tácticos o de cualquier otro orden efectivo. O sea, se trata de una acción ilegal y por tanto injusta que todo Estado tiene la obligación y el derecho a repeler y evitar en nombre del pueblo al que representa.

La retórica puede aguantar cualquier argumento y hasta puede ordenar brillantemente las mentiras, también el papel lo aguanta casi todo, pero la salvaguarda de los derechos e intereses de todos se garantiza aplicando la ley y persiguiendo al delincuente, sea éste de guante blanco o vaya pertrechado de pasamontañas. El auto del juez Llarena es un documento preciso y contundente y su lectura no es sólo un ejercicio delicioso de aprehensión constitucional y de sentido común, sino un auténtico paseo por la evidencia de los hechos vividos y la responsabilidad de sus protagonistas.

Rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos, según los casos, son los delitos por los que a los procesados, Carme Forcadell y Lluís, Jordi Turull y Negre, Raúl Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu y Dolors Bassa i Coll, se les decreta prisión incondicional, comunicada y sin fianza. Una prisión que se dicta por la existencia de indicios racionales de comisión de estos delitos y grave riesgo de que las finalidades esenciales del proceso penal puedan malograrse. Es decir, el riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración del comportamiento delictivo. Una decisión basada, además, «en la clara insurrección a las decisiones de la Autoridad judicial, desatendidas de manera contumaz y sistemática en los últimos años».

La inmensa gravedad de los hechos, su percepción general, aún no ha sido suficientemente ponderada. Atentar contra la organización política y territorial de un Estado democrático no comporta consecuencias gratuitas ni banales. Se trata de una acción contra el pueblo español -contra los catalanes también y en mayor medida- que ha puesto en peligro su bienestar, el empleo, la convivencia, la economía y la seguridad.

El tiempo y la historia darán luz definitiva a los hechos que pretendieron subvertir la democracia, la ley y la estabilidad. Es lamentable la situación de ausencia de libertad de los encarcelados que ellos y sólo ellos han obtenido con su decidida acción presuntamente delictiva. Quizá confundieron democracia con jauja, quizá menospreciaron al Estado y al pueblo español, que éste representa y encarna. Quizá pensaron que el sectarismo, la ceguera interesada, el éxito económico, el supremacismo o el complejo de grandeza lo podía todo. Pero los derechos y libertades de cada uno limitan con los derechos y libertades del resto y atropellar la ley es arrollarnos a todos.

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