Gas en Doñana

Andalucía en el dieciocho

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

La conservación del espacio natural de Doñana, catalogado como único en Europa, debería considerarse a salvo por su alto rango de protección. Si bien, desde que hace medio siglo una asociación de ornitólogos y un mecenas suizo hicieron ver la importancia de su salvaguarda, Doñana no ha conseguido desprenderse de amenazas. Mientras en cinco décadas acumulaba títulos de excelencia por su singularidad, desde la declaración de parque nacional en 1969, la de Patrimonio de la Humanidad y reserva de la Biosfera, también han ido multiplicándose actividades en su entorno sin previsión ni precaución de sus consecuencias negativas. Los gobiernos, con las luces cortas de unas elecciones, han dejado hacer bajo el disfraz de una economía sostenible con el medio ambiente. Como eslogan electoral ha podido funcionar un tiempo, pero el resultado es un conflicto constante entre conservacionistas y habitantes de una zona de influencia en Doñana que abarca tres provincias, Huelva, Cádiz y Sevilla.

Desde el polo de industrias químicas a 40 kilómetros, el resurgimiento de las minas con fuerte inversión extranjera pese al serio aviso del desastre de Aznalcóllar en 1997 hasta la fresa han supuesto una gran prosperidad, pero sin control son actividades con una amenaza larvada de contaminación y una sobre explotación acuífera muchas veces con pozos ilegales. El turismo ha sido otra fuente de conflicto. Tras no pocas polémicas hubo freno al hormigón en Matalascañas. El Rocío dejó de ser inofensivo cuando se masificó y los 4x4 y tractores sustituyeron a las carretas arrasando flora y llenando de basura el parque. No acabó aquí la cosa. La moda de los cruceros metió en la bronca a Sevilla por el drenaje del río Guadalquivir para que los trasatlánticos de turistas pudieran atracar en la capital andaluza. Todas las polémicas han abonado un clima de alta tensión en Doñana, como si su población tuviera que elegir entre su supervivencia o la del espacio natural, evidencia de la miopía de los gobernantes.

El colmo de la ineptitud queda retratado con la polémica del gas sí o gas no en Doñana. La Junta ha anunciado esta semana que emprenderá acciones legales contra el Gobierno en un tirarse uno a otro la pelota de cuál de las dos administraciones metió la pata antes. Hay mucha metedura de pata de todos. Alarma que el almacenamiento de gas lleve 30 años. Fue bochornoso que se nombrara a Felipe González presidente del Consejo de Participación de Doñana cuando a la vez era consejero de Gas Natural mientras se proyectaba un gasoducto. También es irritante que el comisario europeo de Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, fuera el ministro de Medio Ambiente que autorizara cuatro nuevos almacenes sin exigir un informe de impacto global y no cuarteado como resquicio. Como resultado de todo ello y gracias a la tozudez de IU y del Defensor andaluz con su informe minero de que hay peligro de que Doñana salte por los aires con un terremoto, eurodiputados vendrán a ponernos rojos como un fresón. Los pozos no se construirán, pero la indemnización pública será millonaria. De ahí la pelea entre Junta y Gobierno, a ver quien la paga.

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