El desafío de lo perverso

Una insólita e inquietante forma de revolución nacionalista hasta ahora desconocida, creada de un modo diabólico por la Generalitat de Cataluña para provocar una violencia inevitable.

RAFAEL ÁBALOS. ABOGADO Y ESCRITOR

La paradoja más siniestra de una sociedad democrática avanzada como la española se produce cuando sus enemigos visibles forman parte del propio Estado, y utilizan su privilegiada posición como autoridad pública para violentar -con patéticas proclamas independentistas y argucias populistas de regímenes políticos dictatoriales-, la Constitución que juraron o prometieron respetar y defender cuando accedieron al poder que ahora esgrimen con la decidida voluntad delictiva de destruirla.

Con ese ilícito propósito, los astutos líderes de la sedición de Cataluña no han dudado en transformar de un modo perverso el significado de las palabras Democracia y Ley -únicas que pueden servir para el entendimiento de los hechos desde su justa dimensión dialéctica-, hasta conseguir inculcar en sus fieles seguidores la falsa idea de que era democrático y heroico participar en el ilícito referéndum independentista de ayer, aunque careciera de las más mínimas garantías legales para su celebración, como lo evidencian con absoluta trasparencia las imagines televisivas de las masas de votantes que rodeaban las escasas urnas manipuladas, e introducían sus votos en ellas sin ningún control ni identificación.

La perversidad de la que hablo, sin embargo, no se refiere a una cuestión de significados gramaticales, por llamar referéndum democrático a lo que sólo fue una paranoia colectiva en las calles, sino a la verdadera intención oculta y malvada de Carles Puigdemónd y Oriol Junqueras -entre otros muchos ideólogos del proyecto secesionista-, al utilizar un referéndum ilegal para unos fines muy distintos a los de conceder a los catalanes el derecho a expresar su voluntad de separarse o permanecer en España, que es lo que aparentemente pretendían ante la opinión pública nacional y extranjera.

En este punto, tanto Puigdemond como Junqueras y demás miembros de la Generalitat no ignoraban que el Gobierno español intentaría paralizar, por cualquier medio legal -entre otros la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado-, la apertura de los centros de votación y el recuento de los votos, como así ocurrió exactamente en el día de ayer, incluso a riesgo de violentos enfrentamientos con la Policía Nacional y la Guardia Civil -que no los Mossos-, para evitar que se celebrara la ilícita consulta popular, conforme a lo ordenado por el Tribunal Superior de Cataluña.

Apréciese por el lector, que son precisamente dichos enfrentamientos -con todos los heridos que ya se contabilizan por el Gobern: más de 450-, lo que los separatistas deseaban provocar el 1 de octubre para justificar internacionalmente la opresión que dicen sufrir del Estado español, cuando realmente se trata de una premeditada y perversa estrategia aparentemente política, a través de la que lograr -por la fuerza de una votación popular ilícita y antidemocrática-, el alzamiento público de todos los independentistas contra el Estado español, pero con la cobarde pretensión de eludir las gravísimas responsabilidades que nuestro Código Penal impone a sus instigadores.

Sin duda, una insólita e inquietante forma de revolución nacionalista hasta ahora desconocida, creada por la Generalitat de Cataluña de un modo diabólico para provocar una violencia inevitable, y generar odios y rupturas en una sociedad de la que forman parte todos los españoles, a quienes les resulta difícil comprender cómo, a pesar de la gravedad de los actos realizados por Puigdemónd, Junqueras, Forcadell y tantos otros, continúan ejerciendo sus funciones públicas, como si todo el proceso independentista fuese un juego de divertidas e intrascendentes estrategias políticas, con el que alentar a los ciudadanos a enarbolar en las calles las banderas de la nueva República catalana.

Al respecto, en nuestro Estado de Derecho, el mismo que los había investido de autoridad, la sedición de Puigdemond y los suyos es un delito de extrema gravedad, castigado con penas de prisión de diez a quince años, e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, según proclaman los artículos 544 y siguientes del Código Penal español.

Y, si bien es cierto que el Gobierno español, los fiscales y los jueces y tribunales, estaban obligados hasta ahora a ser prudentes en sus respuestas al desafío separatista, no es menos cierto que, una vez culminado el Referéndum del 1 de octubre -sea válido o no-, los instigadores de las revueltas que han impedido por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes, y el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Cataluña, no pueden quedar impunes.

Ellos son los nuevos y peligrosos dictadores que aspiran a someter a su voluntad a toda una nación -que no es Cataluña sino España-, aunque se hayan disfrazado de héroes libertadores, en el escenario de una festiva y tumultuaria pantomima separatista, de la que muy pronto deberían responder ante la Justicia española que tanto desprecian. En otro caso, Puigdemond y los suyos habrán triunfado en Cataluña, en España, en Europa y en el mundo.

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