El derecho a no emigrar

Según el más reciente estudio prospectivo de la ONU sobre la evolución de la población mundial, en las próximas décadas de este siglo el planeta Tierra (o la 'casa común' en lenguaje del papa Francisco) se calcula depasará los 10.000 millones de habitantes. Calculándose en 11.200 millones para el año 2100. Casi la mitad estará en África. En la actualidad, se estima en unos 7.300 millones la población mundial. Estos datos nos llevan a afirmar que el mundo necesita gobernantes cuyos objetivos sean a largo plazo, dejando a un lado las políticas cortoplacistas, las puramente electoralistas y la de relación de fuerza a nivel internacional. Los desafíos serán de enorme calado en lo que se refiere a la erradicación de la pobreza y la desigualdad, la lucha contra el hambre y la desnutrición, la generalización de la educación de base y la salud, lo que implica necesariamente grandes inversiones y planes estratégicos de desarrollo sostenible, únicas garantías para crear empleos y un entorno atractivo para que los flujos migratorios se detengan al tiempo que se garantice el «derecho a no emigrar». Caso contrario, el mundo llegará a ser caótico plagado de amenazas de conflictos bélicos y con terreno abonado para la proliferación del terrorismo global.

Según estas estimaciones de la ONU, en 2100 habrá en África, zona con fuerte crecimiento demográfico, unos 4.387 millones de habitantes, al tiempo que la estagnación de la población en Europa ya en 2050 reducirá de los 738 millones en la actualidad a 707 millones, con un envejecimiento notable de la población de la que un 34% tendrá más de 60 años. Al referirse el informe de la ONU a España, la población actual de 46,1 millones de habitantes irá decreciendo a 45,9 en 2050 y a 40 millones en el próximo siglo. Como dato muy relevante, en 2030 un 60 % de la población mundial habitará en centros urbanos; en 2050 será de un 70%. A estas estimaciones hay que añadir las previsiones para China e India que en 2028 tendrán, (son los más poblados del mundo), 1.450 millones de habitantes cada uno.

El retroceso poblacional de Europa no deja de ser inquietante. China e India por separados doblarán su población. La perspectiva abierta por el informe de la ONU plantea una gravísima problemática que, ante estos datos, no se resolverá con el blindaje de fronteras ni con el incremento de la capacidad militar defensiva. Es urgente reorientar y establecer nuevas políticas activas de desarrollo y de diálogo de la diversidad cultural, antes de que se llegue tarde a la cita. Esas nuevas políticas en las relaciones internacionales explicarían sobradamente el trasfondo 'humano' del nuevo concepto del «derecho a no emigrar». El ser humano necesita de dos casas para su desarrollo integral: el lugar donde nació y la 'casa común' que es el planeta Tierra en donde habita. Necesita serenidad de espíritu, garantía de un entorno familiar estable, bienestar y 'bien ser'. Si esto no se logra desde ahora, el futuro a medio y largo plazo será insostenible para todos los países: los pobres, los emergentes y los países ricos. Por ello, es o debería ser una alta prioridad basar el sistema de relaciones internacionales en el policentrismo de las sociedades humanas y en las realidades que se esconden tras esa inmensa diversidad de desequilibrios y de desigualdades. Urge enseñar una nueva ética de las relaciones internacionales, la gran ausente de los sistemas educativos. Un mundo global y globalizado requiere políticas globales y globalizadas entre todos los que lo habitan.

La demografía nos revela un porvenir en donde habrá que compartir más que imponer. Nos revela también importantes 'placas tectónicas' humanas, en movimiento, cuyo choque hay que evitar. Por ello, el «derecho a no emigrar» es una señal, un signo, un toque de atención al espíritu humano, y no una ocurrencia del papa Francisco en las tertulias con amigos.