Una democracia en llamas

La tribuna

La sentencia del Tribunal Europeo está reconociendo un efecto expansivo de hechos semejantes, que ingenuamente califica de «provocación permitida»

RAFAEL ÁBALOS / ABOGADO Y ESCRITOR

La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera un derecho a la libertad de expresión la quema de una fotografía de los Reyes de España, destruye la posibilidad de que un Estado miembro de la Unión imponga límites legales a cualquier idea, pensamiento, creencia o sentimiento, expresados con palabras o a través de todo tipo de signos externos.

En la fundamentación de su sentencia, el Tribunal de Estrasburgo afirma que «un acto de este tipo debería ser interpretado como expresión simbólica de insatisfacción y protesta...»; o que «era una manera de expresar una opinión en un debate sobre una cuestión de interés público: la institución monárquica». Sin embargo, los jueces europeos que condenan a España y contradicen a nuestro Tribunal Constitucional, han ignorado de un modo consciente y forzado que la utilización del fuego para quemar la fotografía de personas (incluidos los reyes), constituye en sí misma la escenificación de un acto de humillación, violencia, tortura y muerte de seres humanos, pues así ha sido utilizado el fuego en las épocas más inhumanas, brutales y trágicas, de la historia de la humanidad.

Y para condenar esos actos, expresados en una protesta política o en una manifestación pública, no es necesario que las personas sean quemadas vivas como ocurriera en las hogueras de la Inquisición con miles de brujas o herejes. Basta prender fuego públicamente a la imagen de otro ser humano para entender que quien lo hace no puede ser considerado un demócrata, ni una persona civilizada cuya opinión deba ser protegida por la libertad de expresión. Antes al contrario, quienes utilizan el fuego y las hogueras para quemar públicamente fotografías de personas, sean reyes o no, están expresando unas peligrosas ideas de destrucción y odio que deberían preocupar en toda la Unión Europea.

Entenderlo de otro modo, dándole el significado de una «opinión provocadora dentro de un debate político» o «expresión de rechazo de la monarquía como institución», es negar la verdadera naturaleza degradante de unos actos de odio que atentan contra la dignidad a la que todos los seres humanos tienen derecho, y cuyo desprecio es contrario al respeto de los derechos ajenos, como también proclama el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, en el mismo artículo 10 que sirve de fundamento a la sentencia.

Por ello es un grave error que el Tribunal de Estrasburgo proteja las acciones de los violentos y los bárbaros que consideran merecedores de arder en la hoguera (simbolizada en la quema de sus fotografías) a los adversarios políticos que sustentan una opción ideológica distinta a la suya.

Sin duda, cualquier ciudadano español puede expresar su rechazo a la monarquía como institución del Estado. Y sin ninguna duda, también, ese ciudadano será protegido por los jueces y tribunales españoles en el uso legítimo de su derecho democrático y constitucional a la libertad de expresión y crítica.

Pero si la Unión Europea permite que la libertad de expresión sea un derecho sin límites, y autoriza en pleno siglo XXI el uso del fuego y de las hogueras para quemar la imagen fotográfica de seres humanos, es probable que, muy pronto, nuestras frágiles sociedades democráticas se conviertan en un verdadero infierno, en el que ardamos todos porque algún malvado con capucha de verdugo o sin ella comenzó a lanzar antorchas encendidas contra libros, periódicos, escaparates, instituciones o personas, simplemente para expresar sus ideas intolerantes con libertad.

Al respecto, es sorprendente que sea el propio Tribunal Europeo quien diga en su sentencia, en contra del criterio de los jueces y tribunales españoles, que «se trata de una puesta en escena provocadora de las que se emplean cada vez más para llamar la atención de los medios de comunicación y que no van más allá de un recurso a una cierta dosis de provocación permitida para transmitir un mensaje crítico desde el ángulo de la libertad de expresión».

Con ese razonamiento, la sentencia del Tribunal Europeo está reconociendo un efecto expansivo de hechos semejantes, que ingenuamente califica de «provocación permitida», aunque no dejan de ser inquietantes para los ciudadanos pacíficos y tolerantes. En España se puede ser monárquico (lo son millones de personas), o republicano (lo son otros tantos), o fascista, o anarquista, o antisistema, o independentista (lo son menos), pero nadie que tenga esas ideas podía expresarlas impunemente, como ocurrirá a partir de ahora, quemando fotos de sus contrarios como un inquisidor diabólico, capaz de convertir a la sociedad española en una democracia en llamas.

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