DECEPCIÓN FINAL

JOSÉ MANUEL BERMUDO

Hace poco más de cinco años, en mayo de 2012, detuvieron al que fuera alcalde de Casares, Juan Sánchez, por diversas acusaciones que se le hacían en torno a posibles delitos económicos, siempre relacionados con el urbanismo, que parece que es el caballo de batalla de todo lo que suena a corrupción.

En ese año, 2012, ya estábamos acostumbrados a recibir noticias de todo tipo que tenían que ver con las irregularidades económicas en los ayuntamientos. Sin ir más lejos, todo lo que ocurría en Marbella con los «malayos», que nos parecía el cenit de la desvergüenza y el perjuicio para los ciudadanos honrados. Parecía que esas experiencias de irregularidades en lo público iban a constituir una barrera que impidiera a otros realizar las mismas prácticas. Nada más lejos de la realidad. Aunque parezca increíble se dieron casos de todo lo contrario, como si pensasen que si, de momento por entonces, no les había ocurrido nada a los malos, era posible aplicar los mismos métodos para poder enriquecerse sin grandes riesgos.

Ahí está el caso Astapa, en Estepona, que se dilata incomprensiblemente en el tiempo a causa de las penurias del sistema judicial. Pero hay un centenar de investigados (lo que siempre han sido imputados) que esperan una resolución definitiva. Los posibles culpables recibirán sus penas muy tarde, pero los que sean inocentes (que es posible que haya más de uno) habrán pasado tiempos de incertidumbre que habrán influido, seguro, en sus vidas cotidianas. Después es imposible reponer nada, ni siquiera las miradas de los vecinos.

Pero centrándonos en lo de Juan Sánchez, el que fuera alcalde casareño en años claves de la salida del ostracismo de su pueblo, el que permaneció durante décadas al frente del ayuntamiento con el apoyo mayoritario de sus vecinos, el que fue un símbolo del salto a la modernidad y al recuerdo de su ciudadano más ilustre, Blas Infante, es una decepción absoluta para muchos saber que ha sido condenado por un tribunal a causa de recibir dinero para cambiar planes urbanísticos.

Aunque la condena de ocho años de cárcel pueda ser recurrible, ya tenemos una resolución que, como en otros casos anteriores, incitan al desánimo. ¿Qué ha pasado en los últimos años para que cambiaran tanto las cosas? ¿Por qué se estropea por unos miles de euros toda una trayectoria en la que la mayoría de las cosas, o la totalidad, se hicieron bien?

En las resoluciones judiciales también se ha determinado que el responsable de la empresa que le entregó dinero al alcalde para cambiar normas urbanística sea igualmente condenado a ocho años de cárcel. Es decir, que los tribunales han tenido en cuenta que tan culpables es el que da como el que recibe, algo de lo que sabía mucho el ínclito Jesús Gil.

Hace cinco años, en esta misma columna, recogíamos la detención de Juan Sánchez y expresábamos nuestra esperanza de que los indicios que entonces se recogían terminaran en nada, pero no ha sido así. Aunque las sentencias sean recurribles, hay que recoger con rigor las decisiones judiciales y analizar que las cosas son como son y no como uno quisiera. Los que cometen delitos o, incluso, irregularidades menores, no parecen darse cuenta de las frustraciones y desilusiones que provocan en aquellos que creían en ellos.

Quiero recordar a aquel alcalde casareño que luchó por sacar adelante a su pueblo, por mejorar sus carreteras, por conseguir presupuestos oficiales para recordar a Blas Infante y por formar parte de la Costa del Sol, eliminando el aislamiento. Qué pena. La realidad siempre te pone en tu sitio y te da mucho que pensar, hasta el punto de dudar sobre el mundo en el que vivimos. Que manera de estropear, al final, toda una trayectoria.

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