El debate sobre la remunicipalización

La titularidad de los servicios municipales es siempre pública, así como su definición, control y garantía de servicio público. En ningún caso es posible, siquiera, plantear la pérdida del cáracter público

Habitamos en pueblos y ciudades y exigimos a nuestro municipio servicios concretos de abastecimiento de aguas, alcantarillado, jardinería, limpieza, recogida de basuras, alumbrado público y demás servicios imprescindibles que conllevan una exigente gestión. Sus resultados son tangibles y conforman una parte substancial, como ya advertimos, de nuestra calidad de vida. Por eso, los ayuntamientos, entre otras funciones, asumen la enorme responsabilidad de hacer funcionar de la manera más eficiente posible el formidable engranaje de servicios entrelazados. Si no existieran los servicios, la ciudad, sencillamente, no sería posible.

La remunicipalización de los servicios públicos ha estado en el debate político de algunos ayuntamientos desde las últimas elecciones municipales. ¿Qué significa remunicipalizar? Pues, aunque la expresión es incorrecta, remunicipalizar significa revertir la gestión externalizada y privada para devolverla a la gestión directa y pública. Hasta ahí, el debate podría ser correcto, si se enfocara en función del servicio al ciudadano. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, ha primado el debate ideológico sobre el de la calidad del servicio público. Y atención, porque este debate afecta no sólo a la forma de gestionar los ayuntamientos y a sus cuentas públicas, sino que, sobre todo, condiciona de manera muy directa nuestra propia calidad de vida.

¿Y por qué decimos que la expresión remunicipalizar no es correcta? Pues porque la ley consagra la titularidad pública de los servicios municipales. La titularidad de los servicios municipales es siempre pública, así como su definición, control y garantía de servicio público. En ningún caso es posible, siquiera, plantear la pérdida del carácter público de los servicios municipales básicos, suficientemente garantizados por el conjunto de leyes españolas y europeas. Por tanto, no se puede remunicipalizar un servicio que siempre fue municipal y de pública titularidad. Otra cosa distinta es que esos servicios puedan gestionarse tanto de manera directa como externalizada a través de la gestión de una empresa, en función de la libre y legal decisión municipal.

Corresponde por tanto a los ayuntamientos no sólo la titularidad, sino la ineludible responsabilidad del control. Por tanto, en el seno de ese marco garantista, el ayuntamiento deberá escoger su modelo de gestión. Y es normal que, ante una decisión de esta transcendencia, se genere un vivo debate que, a nuestro parecer, se ha ideologizado en demasía en los últimos tiempos, anteponiendo las ideas políticas a la evaluación de resultados, tanto en costos como en la calidad del servicio y del empleo creado, tras factores fundamentales a tener en cuenta. Los ciudadanos, y no las ideologías, deben ser el centro de atención en la gestión de los servicios públicos, tal y como hemos defendido en el libro 'El interés general y la excelencia en los servicios públicos' (Almuzara), coeditado con la doctora María José Feijóo y otros juristas de reconocido prestigio.

Tanto la gestión directa como la externalizada son, por tanto, posibles y deben analizarse caso a caso. Hay servicios directos que funcionan muy bien, al igual que los hacen a plena satisfacción la mayoría de los de gestión privada. No debe tomarse ninguna decisión por apriorismos ideológicos, sino que debe estudiarse en cada caso la fórmula para conseguir mejores servicios públicos que alcancen a la totalidad de los ciudadanos, con respeto a las leyes y con la aspiración a la excelencia y calidad en los servicios públicos, así como al razonable equilibrio presupuestario, bajo los principios de calidad, eficacia, eficiencia, sensibilidad medioambiental, calidad del empleo y respeto al principio esencial del bien público que se persigue. En algunos casos, para los servicios municipales, todos estos objetivos se consiguen mediante la gestión directa y, en otros muchos casos, externalizándola. La decisión entre uno y otro modelo de gestión debe realizarse tras el análisis y evaluación técnica y no orientada por el exclusivo prisma de las ideologías de uno u otro signo, que podrían llevar a tomar una decisión contraproducente al efectivo servicio público. La conocida como dinámica de remunicipalización, en muchas ocasiones, no atendería básicamente, pues, a la idea de mejora del servicio, sino que estaría al servicio de una ideología apriorística. Por eso, cuando sus impulsores se han encontrado con la realidad, el ímpetu inicial se ha atemperado. Los números no salían en muchos casos y las leyes acotaban las posibilidades reales en otros. Merece la pena, pues, serenarse, analizar y evaluar, para decidir con los más adecuados criterios técnicos, legales y financieros lo mejor para la calidad del servicio público al ciudadano.

Ni la experiencia ni la lógica permiten pontificar que la gestión pública sea mejor para el ciudadano que la privada. Cada caso es cada caso, como hemos reiterado y a la experiencia nos remitimos. Las partes esgrimen doctos estudios comparativos, que defienden una y otra postura. Lo prudente es despojarse de apriorismos ideológicos, pensar en el bien común, evaluar técnicamente las opciones y, desde luego, cumplir las leyes y garantizar la seguridad jurídica para todos los afectados. En algunos casos el resultante aconsejará la gestión interna y en otros muchos la externalización, que ha demostrado con creces, en la mayoría de las concesiones, su buen hacer y experiencia. La libre decisión municipal, en todo caso, deberá orientarse al servicio de los ciudadanos y no de las ideologías.

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