El debate de las pensiones: ¿Verdades a medias?

El debate de las pensiones: ¿Verdades a medias?

Nuestra Constitución asegura que los poderes públicos garantizarán una adecuada protección social, donde encontramos el de unas 'pensiones adecuadas' y 'periódicamente actualizadas' a los ciudadanos durante la 'tercera edad'

Hace más de 30 años se iniciaba un profundo debate sobre cómo garantizar un sistema de pensiones públicas en nuestro país. Se establecía un sistema público como la conjunción de un modelo 'contributivo', financiado por las cotizaciones sociales, pensiones y prestaciones como la incapacidad temporal, y otro 'no contributivo' financiado por el Estado, de pensiones y prestaciones a personas que no tienen derecho a las contributivas, así como los 'complementos a mínimos' (importes que se suman a las pensiones contributivas que no llegan a las cantidades mínimas aprobadas por el Gobierno). A todo esto se adicionaba la posibilidad de complementarlo con 'pensiones privadas', modelo frecuente en los países de nuestro entorno, constituidas en los planes de pensiones individuales o de empresa de cada trabajador, entre otras formas de ahorro o inversión. Para cerrar el círculo, hay que adicionar otras prestaciones, ayudas o subvenciones concedidas por nuestro sistema público de protección social en el que se atienden asuntos como la asistencia sanitaria y hospitalaria gratuita, los productos farmacéuticos, el desempleo, las políticas de fomento del empleo o los beneficios fiscales en tributos o precios públicos estatales, autonómicos o locales, entre otras.

Nuestra Constitución asegura que los poderes públicos garantizarán una adecuada protección social, donde encontramos el de unas 'pensiones adecuadas' y 'periódicamente actualizadas' a los ciudadanos durante la 'tercera edad'. Pero también es cierto que la Constitución nos obliga a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo, y requiere un equilibrio entre el ingreso y el gasto público.

En 2017 se pagaron unos 112 mil millones en pensiones y cerca de 9,4 mil millones en prestaciones, ambas en su modalidad contributiva, es decir 121,4 mil millones, financiadas todas por las aportaciones de empresas y trabajadores. Por otro lado las pensiones, prestaciones y los complementos a mínimos 'no contributivos' se elevaron a unos 12 mil millones de euros, financiadas estas por la Hacienda del Estado. El total en pensiones y prestaciones, contributivas y no contributivas, se abonaron unos 133,4 mil millones, con la singularidad de que las 'contributivas' cerraron con un 'déficit de unos 19 mil millones'.

Respecto a las cuantías medias de las pensiones, el escenario es complejo por la cantidad de tipos de pensión y modelos. Si se trata de 'contributivas', nos encontramos con pensiones medias de 'Favor de familiar' de unos 7.574 euros, de 'Orfandad' de unos 5.348, de 'Viudedad' de unos 9.128, de 'Jubilación' de unos 13.160 o de 'Invalidez' de unos 15.078 euros todas ellas referidas al año. Estas diferencias están motivadas por la fórmula de cálculo y el tiempo cotizado, dándose la singularidad de que hay trabajadores que pagan por encima de lo que al final el sistema les abonará como pensión máxima establecida por el Gobierno. De otro lado contamos con unas cuantías mínimas aprobadas por el Gobierno que sobrepasan las de algunas pensiones contributivas y esa diferencia constituyen 'los complementos a mínimos', que supuso en 2017 el pago de algo más de 7 mil millones por parte de Hacienda. Asimismo, encontramos grandes diferencias en las cuantías según la comunidad autónoma (una pensión media de jubilación contributiva en Vizcaya es de unos 18.858 euros anuales frente a los 10.290 euros de las de Orense). De otro lado, respecto de las 'pensiones no contributivas', sus cuantías más comunes rondan los 5.180 euros al año, llegando a los 8.806 euros cuando dos miembros de la unidad familiar perciben cada uno una pensión no contributiva. Por estas se han pagado unos 2,5 mil millones de euros en 2017.

Si deseamos compararnos con la Unión Europea, respecto de las 'pensiones contributivas', encontramos que la pensión media en Suecia es de unos 1.500 euros, en Francia de unos 1.086, en Alemania de unos 1.003, en Reino Unido de unos 550 o Portugal de unos 400 euros. De otro lado, en España la cuantía que percibimos de jubilación al retiramos es de un 81,8% de nuestro último salario, siendo este uno de los ratios más altos de la Unión Europea. Respecto a las revalorizaciones, solo Austria, Bélgica, Italia, Francia y Hungría parecen vincularlas exclusivamente al IPC, mientras Alemania es el único país con España que aplica un índice de sostenibilidad (relación entre jubilados y cotizantes), en el resto utilizan otras variables.

Sin duda necesitamos un debate serio sobre el futuro de las pensiones, garantizando la sostenibilidad de las actuales y la viabilidad de las futuras, pero esto pasa por contar con políticos que sepan llegar a acuerdos estables y duraderos en este asunto, al igual que en temas fundamentales como la sanidad, la enseñanza o la seguridad entre otros, pero no es menos cierto que en España, al igual que está sucediendo en otros países de nuestro entorno, cada día es más difícil alcanzarlos, fragmentándose los parlamentos y debilitándose sus gobiernos. ¿A quién le interesa esto?

El estado de situación actual de nuestro sistema público de pensiones y prestaciones me trae a la memoria aquella magistral frase de Antonio Machado que decía: «¿Dijiste media verdad?, dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad».

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