Cumplir con la ley es revolucionario

Con lo que está cayendo, cumplir con la Constitución y con las leyes ya es revolucionario

PEDRO MORENO BRENES

En España se puede defender e incluso conseguir la independencia de Cataluña conforme a la Constitución; decir lo contrario es una gran mentira, la digan los independentistas catalanes o los fanáticos a los que les gustaría ver a los tanques entrando a saco por las Ramblas de Barcelona. Lo que no cuentan los dirigentes independentistas es que sus legítimas aspiraciones (amparadas en la misma Constitución (CE), que protege la libertad de conciencia y de expresión) las pueden reclamar convenciendo a la mayoría necesaria del pueblo español y de sus representantes, reformando nuestra norma suprema (art. 186 CE, mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes, las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas cámaras, y para rematar, referéndum para su ratificación). Pero los independentistas consideran más rentable el victimismo y se han metido en una espiral irresponsable, probablemente como salto en el vacío ante la corrupción acumulada desde décadas de gobiernos nacionalistas. En 2013 el presidente de la Generalidad anuncia un referéndum para 2014 y se sucede una película de tensión con secuencias de peticiones de competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo, rechazos del Congreso de los Diputados, la Ley de Consultas Populares y la correspondiente convocatoria y la anulación de varios preceptos de la ley y la convocatoria por la sentencia del TC 31/2015, de 25 de febrero de 2015. Ahora el debate es si aplicar la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional o el art. 155 de la CE.

Y para 'elevar' el nivel, el señor Iglesias afirma, respecto al reto independentista, que «la criminalización del derecho de reunión y del derecho de manifestación nos parece una barbaridad incompatible con la democracia». ¡Ole! Imaginemos que los de la oligarquía económica y financiera, a los que les importa un bledo el bienestar de los ciudadanos (no confundir con la inmensa mayoría de empresarios, que son honestos), se reúnen y deciden «ejercer» la inexistente objeción de conciencia fiscal, berreando que no piensan cumplir con sus deberes tributarios porque entienden que «el Estado les oprime con tantos impuestos». El mismo ejemplo con la legislación laboral, la de seguridad social, medioambiental, urbanística... Sin contemplaciones con ellos, ¿no? La ley es la que garantiza que los representantes del pueblo definan las reglas de juego y los derechos y los deberes de los ciudadanos, y que cuando sea necesario se puedan modificar. La seguridad jurídica es un instrumento para la igualdad en el trato y la experiencia enseña que los delincuentes de cuello blanco se mueven como pez en el agua cuando el derecho falla y la selva se impone con la ley del más fuerte. Para decirlo con más claridad, con lo que está cayendo, cumplir con la Constitución y con las leyes ya es revolucionario.

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