La contribución fiscal municipal a debate

La tribuna

Al tratar la fiscalidad de un territorio hay que ser sumamente objetivo y técnico para no caer en juicios basados más en el deseo que en la razón

Sin duda, cualquier asunto municipal puede tener diversos enfoques, pero cuando descendemos a temas jurídicos, económicos o tributarios, decaen aquellos que adolecen del rigor necesario.

En el área de ingresos municipales, todos compartimos que hay que pagar menos impuestos, tributos o precios públicos, incluso que no deberíamos pagar ni precios privados, que todo fuera gratis, pero esto no se sostiene. El gasto público, la sanidad, la educación, pensiones y prestaciones, infraestructuras, seguridad, limpieza y otros servicios públicos deben ser sufragados por todos como bien establece nuestra Constitución en su artículo 31, y es por ello que debemos contribuir a que la Hacienda, en este caso municipal, cuente con los adecuados recursos para acometer un gasto eficiente.

Al tratar la fiscalidad de un territorio hay que ser sumamente objetivo y técnico para no caer en juicios basados más en el deseo que en la razón. Hoy me quiero referir a lo que podríamos entender por la 'contribución fiscal' que un ciudadano/a realiza en su municipio para poder así hacer comparaciones. Esta contribución fiscal habría que relacionarla con la capacidad económica de los contribuyentes pero se hace complejo poder obtener indicadores de renta fiables por municipio, por lo que una hipótesis usualmente aplicada por los profesionales tributarios es comparar los ingresos que se ponen al cobro con los habitantes de cada municipio.

Nuestra hipótesis es tomar los ingresos puestos al cobro en 2015 por impuestos, tasas, precios y sanciones municipales, haciendo las regulaciones necesarias para detraer de ellos los ingresos por cesión de impuestos del Estado, me refiero al IRPF, IVA e impuestos especiales con los que cuentan solo los municipios de Málaga, Marbella, Mijas y Vélez-Málaga en la provincia.

Lo primero que encontramos es que la contribución fiscal más alta se sitúa en el municipio de Casares, con 3.814 euros por habitante, mientras que la ciudad de Málaga se encuentra en el puesto provincial 39 con apenas 546 euros. La media de todos los municipios de la provincia en la contribución fiscal se sitúa en 909 euros por habitante, por lo que la ciudad de Málaga vuelve a encontrarse con una importante desviación a favor del contribuyente de algo más de 360 euros, es decir, un 40% menos.

En el área metropolitana de Málaga volvemos a encontrarnos que la ciudad se posiciona en último lugar de entre los municipios que la forman, ofreciendo situaciones de fiscalidad más altas Torremolinos, con 1.147 euros; Alhaurín de la Torre, con 702, o Rincón de la Victoria, con 589 por habitante.

Si consultamos las innumerables fuentes de información que sobre este tema existen, nos encontraríamos, una y otra vez, la misma información, la ciudad de Málaga ofrece una relativa baja fiscalidad. Hay un enlace, 'presupuestos.gobierto.es', en el que se pueden comparar los ingresos tributarios presupuestados y la comparativa per cápita, y con ello se llegaría a la misma conclusión que vengo relatando. De esta fuente encontramos cómo el ingreso por habitante en 'tasas, precios públicos y otros ingresos' la ciudad de Málaga se sitúa en torno a 99 euros cuando la media provincial es de 155, un 36% más bajo en Málaga. Del mismo modo encontraremos cómo en impuestos de recibo de pago periódico, los que abonan casi toda la población como el IBI urbano, la cuota media de nuestra ciudad alcanza los 217 euros mientras que la media provincial es de 305, un 29% más bajo en Málaga. En el impuesto sobre vehículos, la capital alcanza una media por habitante de 47 euros mientras que la media provincial es de 55, un 15% más bajo en Málaga. Cierto es que en el impuesto de actividades económicas, el que pagan las empresas que facturan más de un millón de euros, la cuota media de la ciudad se sitúa en unos 32 euros por habitante mientras que en la provincia es de 11, aunque este tributo guarda relación con el nivel de actividad ejercida en el territorio y su afectación lo es a pocas empresas por el volumen de su facturación, situación muy similar en otros impuestos como el de plusvalía o el de construcciones, instalaciones y obras, que no tienen el carácter de periódicos y no afectan al total de la población anualmente.

Por tanto, negar la evidencia es negar la realidad y con ello hacernos menos libres y menos informados. Sócrates ya sentenció aquello de que «el conocimiento nos hará libres», pero le faltó señalar que para ello hace falta una información veraz y certera. Es obvio que desde hace más de 10 años, los tributos de la ciudad permanecen inalterables y no se impone la tasa de recogida y tratamiento de la basura doméstica, servicio por los que la ciudad paga en torno a 60 millones de euros anuales, lo que hace de la tributación de la vivienda, impuesto de IBI más la tasa de basura, una contribución fiscal relativamente baja en la ciudad respecto al resto de capitales españolas y municipios de la provincia y sitúa la fiscalidad de la ciudad en un escenario delicado. No es correcto visionar el ingreso separadamente del gasto, pues ello nos lleva a la confusión del pensamiento y a lesionar la necesaria cultura cívico-tributaria que haga posible mantener los servicios públicos básicos y atender las necesidades de la población menos favorecida.

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