Condiciones

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Hay veces, pocas, que las administraciones públicas van un paso por delante de eso que llamamos sociedad. Debería ser una práctica habitual, aunque lo cierto es que suelen funcionar, cuando funcionan, a golpe de campaña electoral o presiones mediáticas y ciudadanas. Pero nunca hay que infravalorar esa vasta capacidad, tan propia de la política, de desplegar contradicciones hasta llegar a sorprendernos justo cuando creíamos haberlo visto casi todo. En la necesaria lucha por acabar con la precarización laboral, el Ayuntamiento ha adelantado por la derecha, aunque la moción no parta del equipo de Gobierno, a los propios malagueños. El Consistorio exigirá en los pliegos de licitación para las contrataciones que las empresas no paguen a sus empleados menos de ocho euros por hora, un mínimo que equivale a unos 1.280 euros al mes en caso de que se trabaje ocho horas al día y cinco días a la semana. Cualquiera con un mínimo sentido de la justicia celebrará la iniciativa propuesta por Málaga Ahora y, como no es incompatible, hasta coincidirá en que resulta insuficiente y tardía, sobre todo en una ciudad cuyo motor económico se engrasa a base de sectores devorados por la precariedad.

Convendría que fuéramos capaces de medirnos con la misma vara que utilizamos para inspeccionar a los demás, aunque a menudo el resultado nos desagrade. En caso de que aplicáramos a nuestras rutinas la nueva exigencia que el Ayuntamiento implantará para adjudicar obras y servicios, probablemente deberíamos deshacernos de más de la mitad de nuestro armario, cancelar la cuenta en Amazon y otras plataformas digitales, renunciar a varios de nuestros bares y restaurantes favoritos y reducir drásticamente la oferta de hoteles disponibles para irnos de vacaciones. Aunque la precariedad se ha extendido como un virus difícil de esquivar, no estaría mal que incorporásemos la sana costumbre de censurar a quienes la practican impunemente, de establecer nuestro propio pliego de condiciones a la hora de consumir. Porque la comida que lleva a domicilio un repartidor que circula sin seguro debería quemarnos la lengua del mismo modo que las camas que hacen las 'Kellys' dejándose la salud por tres euros la hora tendrían que lanzarnos de golpe al insomnio. Hace meses, Pablo Aranda escribió en estas páginas que, más que el impacto visual de la torre del Puerto, le preocupaba lo que cobrarían las camareras de piso o el salario del vigilante de seguridad del hotel que allí se instalará. Todavía no he encontrado mejor punto de partida para mi pliego de condiciones.

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