SIN COMPLEJOS

ANTONIO PAPELL

A cualquier demócrata le cuesta imponer sus razones por la fuerza. Nuestros regímenes se basan en el imperio de la razón y en un pacto social que consiste esencialmente en que rige el criterio de la mayoría, aunque con escrupuloso respeto a las minorías. Y es ese respeto el que determina la calidad de la democracia. Sin embargo, los Estados ostentan por si acaso el monopolio de la fuerza legítima, a la que hay que recurrir cuando alguno no se sujeta a las normas establecidas y atenta contra las libertades públicas o el interés general.

Esto es así en España, un país que llegó tarde a la construcción del Occidente contemporáneo y que padece por ello algún complejo de inferioridad. Pero también lo es en Francia, en Alemania, en Suecia, en Italia, en los Estados Unidos... Si la Bretaña, o el Piamonte, o Texas decidiera autodeterminarse a las bravas, romper la unidad nacional, rechazar el criterio de una única soberanía, sería puesta en vereda por el Estado con todos los recursos disponibles. Todos es todos.

Por ello, hemos de aceptar con normalidad que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asumiese ayer la tarea emprendida por el Ministerio Fiscal de impedir la comisión de un referéndum ilegal, convocado mediante leyes inválidas emanadas de un Parlamento que perdió su legitimidad el día en que decidió saltarse aparatosamente las reglas de juego. El Tribunal, que ha decretado el cierre de los colegios electorales habilitados para la votación, instruye también la querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su gobierno por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos por la convocatoria del referéndum. La intervención del TSJC había sido sugerida a la Fiscalía por el propio mayor de los Mossos, Trapero, ya que parece evidente que el cierre de los colegios, instalados en escuelas públicas, centros de asistencia, etcétera, ha de ser decretada por un tribunal.

La intervención judicial abre, como es evidente, un camino sin retorno ya que los procesos penales abiertos no son reversibles. Al salir el asunto del ámbito político por la obstinación de los soberanistas, con Puigdemont a la cabeza, el asunto adquiere ingredientes trágicos. Pero nadie podrá mostrar sorpresa por ello. Quienes juegan a la patria como quien juega al escondite (el símil es de León Felipe) deben saber que la voluntad popular es sagrada, que las leyes están para cumplirse y que pasó la era de las revoluciones, por la sencilla razón de que el mundo desarrollado ha inventado la democracia representativa. Quienes pensaron que el gran pacto fundacional era papel mojado y que podrían incluso salir de algunos atolladeros personales mediante oportunistas amnistías pueden ya ver que calcularon mal. La convivencia no es, definitivamente, un juego de niños.

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