CATALUÑA: EN EL TERRITORIO DE LOS HECHOS

Encontrar el marco jurídico que restituya la normalidad política en Cataluña es el reto más complejo

Desde la 'Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña' (enero de 2013), las posiciones del Gobierno de España y del Govern, curiosamente comparten la premisa político-constitucional que sustenta sus argumentos. Ambos consideran que la existencia y organización del Estado tiene su origen en un pueblo soberano, ilimitado jurídicamente. El Ejecutivo español sostiene que el pueblo soberano es la nación española; le asiste además la razón jurídica, pues así lo dispone el artículo 1.2 de la Constitución. Para el Parlament el pueblo catalán es soberano, capaz entonces de romper con la legalidad -la Constitución y el Estatut-, y aprobar la ley de transitoriedad, que en su artículo 3 se declara como la nueva norma suprema de la república.

La situación es perversa. En primer lugar, porque se contraponen argumentos irreconciliables. El Gobierno no puede pactar un referéndum, pues reconocería la existencia del pueblo catalán, sujeto de forma coyuntural a la Constitución emanada del pueblo español, que quedaría herido de muerte. En pura simetría, es inviable que el Govern convenga una mejora de su autonomía en el marco de la Constitución, en tanto que supondría asumir la preeminencia del pueblo español. En segundo lugar, la situación es compleja porque el choque entre soberanías en última instancia deja de lado, sin duda, los argumentos jurídicos, pero también los políticos, para situarse directamente en el terreno de los hechos: la disputa la ganará aquel que consiga de facto la obediencia de los catalanes.

Los acontecimientos de la última semana, y especialmente los de ayer, se están desarrollando en este contexto. El Estado se ha puesto en marcha para impedir que se celebre el referéndum y disipar las dudas sobre quién ostenta la soberanía. Sabe que no le basta con utilizar eficientemente las medidas coercitivas previstas en el ordenamiento, sino que ha de medir cómo las usa. La estrategia parece clara: dirección judicial de las fuerzas y guerpos de seguridad del Estado, mínima intervención sobre la libertad de las personas (que en cualquier caso no afecta por ahora a los líderes políticos), sustitución financiera de la Generalitat y renuncia al uso del artículo 155 de la Constitución. Enfrente, el Govern, habiendo dilapidado el valor de los procedimientos parlamentarios y consciente de que su poder coercitivo es exiguo (los Mossos no son el ejército anhelado por Puigdemont), lo confía todo a que la resistencia popular deslegitime la aplicación de la ley, en especial de cara a la comunidad internacional.

A corto plazo, el éxito del Estado parece garantizado. El siguiente reto es el más complejo: encontrar el marco jurídico que restituya la normalidad política en Cataluña.

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